UGT y Comisiones Obreras han criticado la decisión del Gobierno por la que volverán a exigirse permisos de trabajo a los ciudadanos rumanos que quieran trasladarse a España a desarrollar una actividad por cuenta ajena. Comisiones Obreras cree que esta medida "favorece la economía sumergida" y UGT teme que pueda "alentar y justificar" ciertos discursos xenófobos.
En un comunicado, Comisiones Obreras opina que "en un contexto de fuerte desempleo y crisis generalizada, proyectar desde el Gobierno español difusas responsabilidades sobre determinados colectivos va a contribuir a extender los siempre peligrosos mensajes nacionalistas y excluyentes".
El sindicato expresa su "desacuerdo, en la forma y en el fondo" porque considera que, por un lado, la decisión "vulnera los cauces institucionales de diálogo social en materia de mercado de trabajo y relaciones laborales" y, por otro, porque no cree que esta iniciativa vaya a tener "un efecto disuasorio a la entrada de cerca de 10.000 personas al mes de origen rumano para realizar actividades laborales, reclutadas a través de ETT rumanas".
Además, apunta que el hecho de que puedan desplazarse a España pero no trabajar sin autorización "puede suponer un repunte del empleo no declarado y de economía sumergida en el colectivo de nacionalidad rumana, además de otros problemas" como, según afirman, "ya sucedió durante la vigencia de la moratoria a la adhesión de Rumania a la UE entre 2007 y 2009".
"Exigir permiso de trabajo a los ciudadanos rumanos supondría la alineación del Gobierno de España con las posiciones más duras de algunos gobiernos europeos, que en el actual contexto de crisis han decidido restringir derechos y libertades de ciudadanos extranjeros, en este caso, comunitarios", denuncia la secretaría de Inmigración de CCOO.
Por su parte, a UGT le "llama la atención" que la medida se adopte apelando a la situación del mercado laboral cuando en 2009, momento en el que el Gobierno levantó las restricciones a los rumanos, la situación económica y de empleo en españa era "similar a la actual".
Además, el sindicato teme que "esta medida pueda alentar y justificar declaraciones y actuaciones de distintos partidos políticos e incluso de Administraciones Publicas que, en los últimos años, han manifestado su rechazo a la presencia de la población rumana en España, en algunos casos, con propuestas y medidas claramente xenófobas y que pueden encontrar en esta medida una forma más de culpabilizar a la población trabajadora española de origen o nacionalidad extranjera".
Por otra parte, en referencia a que la medida se basa, según el Gobierno, en consideraciones relacionadas con la situación del mercado laboral en España, UGT recuerda que la posición del Gobierno español en las distintas ampliaciones de la Unión fue objeto de consulta y, en el caso de la incorporación de Rumania y Bulgaria a la Unión Europea, de un acuerdo de diálogo social. Sin embargo, "en esta ocasión, únicamente ha informado a los Interlocutores Sociales de una decisión, ya adoptada de manera unilateral", ha lamentado.