El Congreso de los Diputados aprobó ayer con carácter definitivo la reforma de las pensiones que eleva gradualmente la edad jubilación a los 67 años, después de que el Gobierno lograra sacarla adelante con el único apoyo de CiU durante todo el trámite parlamentario.

La Cámara Baja dio su visto bueno tras aceptar las 40 enmiendas del Senado a la ley de "actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social".

La norma, que entrará en vigor en 2013, fija que para jubilarse a los 67 habrá que tener una cotización de 37 años, mientras que mantiene que los trabajadores puedan retirarse a los 65 si han cotizado 38 años y 6 meses. Además, eleva de forma progresiva los años que se tendrán en cuenta para calcular la cuantía de la pensión, que pasan de los 15 actuales a 25.

La nueva reforma, la sexta del sistema de pensiones y octava de la Seguridad Social, contempla que para poder acceder a la jubilación anticipada a partir de los 63 años habrá que contar con 33 años cotizados, aunque para situaciones de crisis la edad se rebaja a los 61, mientras que se mantienen los años de cotización.

Equiparar derechos

También incluye a los empleados del hogar en el Régimen General de la Seguridad Social a partir del 1 de enero de 2012, con el fin de equiparar sus derechos y deberes con los restantes trabajadores. Además, señala que las empresas de más 500 trabajadores que obtengan beneficios y que inicien o hayan iniciado desde el 27 de abril de 2011 un expediente de regulación de empleo (ERE) tienen que asumir el pago del subsidio por desempleo de los despedidos.

Asimismo, aumenta la base reguladora de las pensiones de viudedad del 52% actual al 60% para las personas que tengan 65 años o más y no tengan otra pensión pública, y mejoran fiscalmente las pensiones de viudedad que acumulen rentas del trabajo con otras pensiones. También destaca que los padres trabajadores -en caso de desacuerdo será la madre- que hayan interrumpido su carrera profesional para cuidar a sus hijos puedan sumar hasta cinco años de cotización.

El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, confía en que la reforma de las pensiones aprobada ayer no sea modificada por un posible futuro gobierno del PP y haya llegado "para quedarse", ya que es -apuntó- "crucial" para mantener el actual sistema de reparto. Gómez recordó que las modificaciones realizadas en 1985, por el PSOE, y en 1997, por el PP, han consolidado el sistema y no han sido cambiadas posteriormente. "Si en el futuro las reformas pretenden acabar con el sistema de reparto, tengo la impresión de que obtendrán un fuerte rechazo social", advirtió el ministro.

Por su parte, UGT destacó que la reforma de pensiones sirve para "blindar" el sistema público de pensiones y permite, además, que la Seguridad Social afronte con solvencia los retos sociales y demográficos futuros.

Mientras tanto, el secretario confederal de Organización de CCOO, Antonio del Campo, destacó que el retraso gradual de la edad de jubilación a los 67 años no es la única medida, ni la más importante, de la reforma del sistema de pensiones aprobada ayer.

Las organizaciones de autónomos ATA y UPTA destacaron los beneficios que conlleva para el colectivo la reforma de las pensiones y subrayaron que con la incorporación de muchas de sus propuestas a la ley se han atendido reivindicaciones históricas de los trabajadores por cuenta propia.

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, dijo en un comunicado que, a pesar de que la reforma de las pensiones implicará trabajar más años para percibir prácticamente la misma pensión, el colectivo de autónomos ha conseguido logros como la cotización a tiempo parcial, la jubilación anticipada y su presencia en las mutuas.

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Nuevo periodo de cálculo

La reforma que retrasa la edad de jubilación de 65 a 67 años y aumenta de 15 a 25 años el periodo de cálculo de la pensión supone la sexta modificación legal del sistema público de pensiones y la octava para el conjunto de la Seguridad Social, que ha experimentado sucesivos cambios desde los ochenta.

Las reformas de ese sistema se iniciaron en 1985 con la Ley de Medidas Urgentes para la Racionalización de la Estructura y Acción Protectora de la Seguridad Social, que supuso un endurecimiento de los requisitos de acceso al sistema de pensiones y un ajuste de las prestaciones. En 1990 se produjo la universalización del sistema, a través de una ley que establecía las pensiones no contributivas para los ciudadanos que no hubiesen cotizado nunca o no lo suficiente. Previamente, en 1986 y 1989 la Seguridad Social ya había sufrido modificaciones con la Ley de Sanidad y la de Presupuestos.

La conveniencia de que las posteriores reformas de las pensiones estuviesen al margen de los intereses partidistas y gozasen del consenso de todos los agentes sociales dio origen al denominado Pacto de Toledo. La Ley de Consolidación y Racionalización de 1997 es el resultado del compromiso adquirido por los partidos políticos en el mismo.

Aprobado el 6 de abril de 1995 en el Congreso, el documento establecía las principales medidas para garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones de la Seguridad Social. En el año 2007 se contempló la extensión de la pensión de viudedad a las parejas de hecho, y se resolvió recompensar la prolongación de la vida laboral, aunque se endureció el periodo mínimo necesario para acceder a pensión y restringía el acceso a la jubilación parcial.