Tras agotar la vía administrativa ante la Dirección General de Trabajo autonómica, el sector agrícola de la provincia tinerfeña ha optado por que cada empresa negocie con sus empleados las revisiones salariales que contempla el convenio regional del campo.

Aunque Trabajo avaló este documento, las patronales Asaga, Aceto y Asocan lo rechazan, ya que solo se pactó en Las Palmas. Estas asociaciones dejarán paso al diálogo con los sindicatos antes de decidir si acuden o no a la Magistratura de lo Social para impugnar el convenio, para lo que tienen de plazo hasta el 31 de diciembre.

"Estamos intentando modular ese convenio de mínimos. Es el marco jurídico legal, pero intentaremos llegar a acuerdos para adaptarnos a él en la medida que podamos", indicó a EL DÍA el secretario general de la Asociación Provincial de Cosecheros Exportadores de Tomate tinerfeña (Aceto), Domingo Mendoza.

Recalcó que las empresas no se oponen a que haya una revisión salarial, pero que hay que tener en cuenta que la realidad del sector es diferente en cada provincia. "Las connotaciones del sistema productivo son diferentes; entre otras cosas, no existe el régimen de aparcería, que es por donde se ha colado la subida", afirmó.

Empleos en riesgo

El alza que fija el convenio, al que dieron su visto bueno los sindicatos y las patronales Fedex y Asaja, se sitúa en el 1% para 2010 -se debe aplicar con carácter retroactivo- y en el 2% para el presente año. Son los incrementos mínimos que debería ejecutar cada empresa en todo el Archipiélago, dado que el ámbito de aplicación del convenio es regional.

Después de que Trabajo registrara el documento, las tres asociaciones de Santa Cruz de Tenerife presentaron un recurso contra el mismo al considerar que, dada la coyuntura económica actual y la situación del sector agrícola en las Islas, las subidas salariales son excesivas y pueden poner en riesgo la viabilidad de las empresas y sus puestos de trabajo.

La Dirección General requirió a Asaga, Aceto y Asocan que acreditaran su representatividad para confrontarla con la de Fedex y Asaja, pero no recibió a tiempo la documentación que evidencia la influencia autonómica de Asaga, que también tiene presencia en Las Palmas, según recordó el gerente de Asocan, Antonio López.

Mendoza apuntó que, tanto por parte de los empresarios como por el lado de los sindicatos, "hay sensibilidad respecto a que la situación no está sino para mantener los puestos de trabajo. Empresa por empresa, se darán las situaciones particulares que deban darse".

López, por su parte, se mostró contrario a que "se obligue a todo el mundo a que suba los salarios en esa medida. Nosotros optamos, de entrada, por una congelación. No planteamos una bajada, pero está claro que en la situación ac-tual, en la que hay que aguantar y sostener el empleo, la congelación es lo que está en boca de todos los empresarios", coincidió el gerente de la asociación de exportadores de flores y plantas.

Además, recordó que, a partir de 2012, las cargas sociales de las empresas agrarias aumentarán por la incorporación de sus empleados al régimen general de cotización a la Seguridad Social, lo que dejará menos margen para incrementar los sueldos.

La secretaria de Acción Sindical de la Federación Agroalimentaria de CCOO-Canarias, Candelaria Sánchez, aseguró que "de momento, no hay posibilidad de acuerdo" y que las empresas ya han gozado de un "tiempo prudencial" para abonar las cantidades que deben a los trabajadores. "Trabajo ya nos ha dado la razón respecto a la equiparación de los salarios con Las Palmas. Si no se aplica, empezaremos a demandar individualmente", advirtió.

El secretario general de la Federación Agroalimentaria de UGT-Canarias, Domingo Armas, señaló que los sindicatos reclamarán las subidas salariales en cada empresa y que, si no se concretan, tomarán "la vía de la denuncia ante la Inspección de Trabajo y el juzgado".