La Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas (AECP) ha propuesto hoy que la administración pública y la iniciativa privada colaboren para reactivar la construcción, ya que 2012 también será previsiblemente un año malo para el sector.
Canarias cuenta con todos los elementos para dinamizar el sector de la construcción, pues actualmente las adjudicaciones se ralentizan y hay muchos presupuestos sin adjudicar, ha indicado hoy la presidenta de la AECP, María Salud Gil, durante una rueda de prensa en la que ha expuesto los datos sobre licitación oficial de obra pública en Canarias en los tres primeros trimestres del año.
Durante ese período, la licitación oficial en Canarias fue de 306 millones de euros, lo que supone un 49,5 por ciento menos en relación al año pasado.
La administración que más inversión ha licitado durante ese período ha sido la Comunidad Autónoma, seguida de la Administración central, los ayuntamientos y los cabildos.
De enero a septiembre, las administraciones han adjudicado en total un total de 307 obras en Canarias, ha indicado Gil.
La Administración central ha adjudicado 71 obras por un importe de 40 millones de euros, de los cuales, el 46,48 por ciento fueron adjudicadas a empresas de ámbito nacional, lo que supone el 63,78 por ciento del total adjudicado.
Las empresas canarias resultaron adjudicatarias del 52,11 por ciento del total de obras adjudicadas por la Administración central, pero sólo recibieron el 12,22 por ciento del importe total.
El Gobierno de Canarias ha adjudicado 15 obras, doce de ellas a empresas canarias, con el 18,63 por ciento del total de la adjudicación.
Contrasta la única obra adjudicada por el Gobierno de Canarias a una UTE nacional y canaria, por importe de 22,6 millones de euros, que supone el 79,06 por ciento.
En cuanto al precio de la vivienda, entre 2007 y 2011 el de la vivienda libre se ha reducido con carácter general en algo más del 17 por ciento, lo que hace que la vivienda siga siendo en Canarias un 15 por ciento más barata que la media nacional.
Sin embargo, el precio del metro cuadrado es un 5 por ciento más caro en el archipiélago que la media nacional.
En cuanto a las viviendas de obra nueva, entre 2007 y 2011 han disminuido en más de un 89 por ciento las de uso residencial, frente a un 44 por ciento menos de edificación de uso no residencial, con lo que las certificaciones de fin de obra se han reducido un 79 por ciento.
La presidenta de la AECP ha explicado el problema que supone para las empresas de la construcción la falta de actividad en el sector, pues han hecho un esfuerzo por renovar su clasificación de obra, pero para mantenerla deben acreditar las obras realizadas en el último tiempo.
El estado del sector las pone en una situación de debilidad competitiva para acudir a la licitación de obra pública, razón por la que han solicitado al Estado una prórroga en sus clasificaciones.
Gil ha destacado también el gran número de empresas públicas existentes en Canarias, que ascienden a un total de 660 y actúan muchas veces como competencia de las empresas de la construcción al invadir su área de actuación, algo que, en opinión de la presidenta de la AECP, habría que evitar, pues la administración pública no debe gestionar la economía privada.
Asimismo, ha destacado la elevada morosidad de la Administración pública con las empresas de la construcción, como evidencia que sólo seis empresas acumulen una deuda por valor de 50 millones de euros, una muestra de su comportamiento.
Gil ha anunciado la intención de los empresarios de la construcción de unificar la deuda en una asociación que exigirá el pago a la Administración de manera colectiva.
Asimismo, ha negado las acusaciones de los sindicatos sobre el elevado número de horas extra que se trabajan en el sector y ha recordado que actualmente hay una negociación colectiva de ámbito estatal en marcha que deja pendiente el dinero adeudado por un acuerdo previo entre los trabajadores y las empresas.