La Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) considera que "no hay alternativas" a una política económica centrada en la reducción del déficit público al 4,4 % del PIB en 2012, a pesar de que ese recorte será la causa principal de la caída de la economía y el empleo previstos para el próximo año.

En el último número de los Cuadernos de información económica de Funcas, los analistas Ángel Laborda y María Jesús Fernández advierten del "fuerte impacto restrictivo" que los recortes de gasto público tiene sobre el crecimiento de la demanda nacional.

No obstante, señalan que en un contexto de la crisis de deuda soberana europea y de las medidas tomadas por los países de la zona del euro para hacerle frente, "no quedan alternativas para una actuación distinta por parte de las autoridades españolas".

Ambos analistas calculan que para lograr el objetivo de déficit comprometido para 2012 habrá que recortar los gastos un 6,4 %, ya que los ingresos se mantendrán estancados, con un crecimiento del 0,8 %.

En el mismo número, el Economista del Estado Alfonso Carbajo, explica que aplazar la consolidación fiscal podría "ser temerario", ya que sometería a la economía española a una "elevada vulnerabilidad" en caso de turbulencias en los mercados financieros.

En su opinión, puesto que la austeridad en el gasto es inevitable, "las reformas estructurales son la mejor vía para escapar del estancamiento económico".

También Laborda y Fernández creen que es fundamental avanzar en las reformas del sistema financiero, mercado laboral, energía, educación y formación, sistemas de pensiones y de protección social, vivienda, regulaciones administrativas, órganos reguladores y de supervisión, seguridad jurídica y dimensión y eficiencia del aparato político-administrativo.

Según recalcan, esta es la única vía posible para un país que pertenece a una unión monetaria con reglas fiscales estrictas y que, por tanto, ha cedido la soberanía monetaria y en gran parte la fiscal.

A pesar de ello, consideran que aún caben actuaciones en política fiscal por el lado los ingresos que mejoren la competitividad de la economía e incentiven el empleo.

En este sentido, defienden la reducción de las cotizaciones sociales de las empresas y el aumento paralelo de lo impuestos indirectos para compensar a la Seguridad Social de la pérdida de ingresos.