Las patronales provinciales CEOE-Tenerife y CCE y los sindicatos CCOO y UGT acordaron ayer con el Gobierno autónomo la Estrategia Canaria de Formación y Empleo, que se desarrollará a través de tres planes anuales entre 2012 y 2014. El objetivo primordial es atajar la situación de "emergencia social" que atraviesan las Islas por el alto desempleo.

Así lo manifestó la consejera autonómica de Empleo, Margarita Ramos, tras reunirse ayer en Las Palmas con los agentes económicos y sociales, que hoy firmarán en Tenerife la citada estrategia. Sin embargo, aún no se han concretado ni medidas específicas para impulsar la contratación de trabajadores ni la ficha financiera que se asignará a los planes anuales.

En este sentido, Ramos comentó que el programa de 2012 estará condicionado por las "modificaciones o rectificaciones" que haga el nuevo Gobierno central en los presupuestos estatales.

Sobre las iniciativas concretas para impulsar el empleo, la consejera indicó que la estrategia acordada ayer se limita a fijar los objetivos de las políticas activas. Y dejó entrever que aún falta negociación para consensuarlas: "Los interlocutores sociales tienen debates muy encontrados acerca del coste público de las medidas", manifestó, según informó Efe.

De todas formas, Ramos agradeció "el trabajo, el talante y las aportaciones" de la patronal y los sindicatos, que han derivado en un "documento declarativo con grandes objetivos". Estos girarán en torno a la orientación, la formación y la inserción laboral, precisó la Consejería en un comunicado.

Aunque Ramos señaló que todos los colectivos de parados "son prioritarios", la estrategia presta especial atención a los jóvenes, las mujeres, los parados de larga duración, los mayores de 45 años, los discapacitados y quienes corren más riesgo de exclusión social. También pretende estimular el emprendimiento y el empleo autónomo entre quienes se han quedado sin trabajo "por procesos de reorganización productiva".

Entre las primeras líneas de actuación, la titular autonómica de Empleo aludió a un plan para combatir el paro juvenil. Este se apoyará en un acuerdo con la Consejería de Educación para facilitar que unos 17.000 menores de 30 años puedan finalizar los estudios secundarios que abandonaron.