Después de que el Congreso convalidara este miércoles las primeras medidas económicas del Gobierno de Mariano Rajoy -con los votos del PP, CiU y UPN-, el Ejecutivo, no conforme, baraja la idea congelar o incluso reducir las aportaciones que realiza a las autonomías que no cumplan los objetivos de déficit público, en la línea de las medidas previstas por la Unión Europea.

Así lo ha explicado el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, en una conversación informal con periodistas en los pasillos del Congreso, donde ha indicado que primero escuchará las demandas que las regiones le transmitan.

En este sentido, ha explicado que está dispuesto a atender demandas de las comunidades autónomas, que se quejan de asfixia económica, e incluso no descarta nuevos incentivos. No obstante, ha precisado que todo ello estará condicionado a los objetivos de déficit.

El modelo sería el que se aplica en la Unión Europea con los Estados miembros, aunque el diseño concreto busca una mayor eficacia que las sanciones de Bruselas. Su objetivo es empezar a trabajar para "crear una imagen de este país" comprometido con el cumplimiento de los objetivos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Tras estas declaraciones, Montoro ha mantenido en la sede nacional del PP una reunión con los consejeros del ramo de las comunidades autónomas gobernadas por su partido para hacer un "intercambio informal" de criterios sobre el control del déficit público, contenido que trasladará el jueves al resto de gobiernos autonómicos.

"Vamos a hacer una preparatoria con los gobiernos que están en manos del PP que mañana trasladaré al resto de los gobiernos autonómicos de España", ha explicado Montoro en declaraciones a los medios, antes del encuentro.

Según el ministro, el objetivo de la reunión es "hacer un intercambio informal sobre la responsabilidad de las comunidades autónomas en la consecución del objetivo de déficit público, sobre la mayor disciplina que comprometa a todos con la corrección de ese déficit público".

DECRETO-LEY DE MEDIDAS URGENTES

Las palabras de Montoro llegan justo el mismo día en que el Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado el decreto-ley de medidas urgentes del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Con esta acción prevé reducir con "carácter inmediato" el desequilibrio presupuestario de España en más de un punto porcentual del PIB, ante un déficit público que se situará en el ocho por ciento en 2011, 20.000 millones de euros por encima de lo previsto inicialmente.

La mayoría absoluta del PP ha permitido al Gobierno superar el trámite parlamentario sin problemas, y también ha rechazado que el decreto-ley se tramitase como proyecto de ley susceptible de ser modificado por el Parlamento.

Al mismo tiempo, los ''populares'' se han visto reforzados por el apoyo de UPN y CiU. Esta última formación ha justificado su posición por "coherencia, responsabilidad y valentía política", aunque no comparten algunas de las medidas por la actual situación de crisis y para frenar el "ataque de los mercados", según indicó en el debate en el Congreso el portavoz económico de CiU, Josep Sánchez Llibre.

Mientras Foro Asturias se ha abstenido, los grupos de PSOE, IU-ICV-CHA, UPyD, PNV, Amaiur, ERC, BNG, CC-NC, Compromís-Equo y Geroa Bai han votado en contra de la norma, la cual han criticado duramente porque consideran que plantean recortes "injustos" e "ineficaces".

También creen que las medidas de ajuste aprobadas resultan "contradictorias" con las que Rajoy presentó durante el Debate de Investidura de hace tres semanas, en especial en lo referente a la subida de impuestos.

Sin embargo, según ha explicado Montoro en su intervención en el debate de convalidación de este decreto-ley, estas primeras medidas, por importe de 15.189 millones de euros, han sido adoptadas de la forma "más neutral y ponderada posible" para "no perjudicar el crecimiento de la economía".

UN DECRETO LEY COMO "RESPUESTA CONTUNDENTE"

Por ello, el jefe de Hacienda y Administraciones Públicas ha calificado este decreto-ley de "respuesta contundente" a una "situación extraordinariamente difícil" que atraviesa España. Así, ha asegurado que la economía española cierra 2011 "al borde de la recesión" y con "cinco millones largos de parados".

Asimismo, ha remarcado que la subida "temporal y ponderada" del IRPF e IBI, que busca recaudar 6.200 millones, se ajusta ala "capacidad" de cada contribuyente. Por contra, ha rechazado tocar el IVA, ya que afecta a "las capas sociales más perjudicadas", así como subir impuestos a pymes y autónomos, que deben de ser el "motor" de la salida de la crisis.

A la vez, Montoro ha acusado al anterior Ejecutivo de ocultar una situación que conocía "sobradamente", como demuestra el hecho de que "a los pocos días" de llegar al poder el PP se encontró con "información relevante" acerca de un "agujero negro" de más de 20.000 millones de euros de déficit.

Tras estas acusaciones, el portavoz parlamentario del PSOE, José Antonio Alonso, se ha enfrentado en el Pleno con el ministro ''popular'' cuando ha ejercido su turno, y ha remarcado que el traspaso de poderes con el anterior Gobierno "fue ejemplar".

De este modo, ha exhortado a Montoro a que admita que el desfase se debe principalmente a las "once" comunidades autónomas del PP, frente a las socialistas, como Andalucía, que "no derrochan". "Ustedes lo sabían y consumaron un engaño objetivo", ha denunciado, exigiendo al ministro que las comunidades ''populares'' asuman el compromiso de que no harán "recortes en servicios sociales", como la sanidad.

Montoro ha replicado a los socialistas que "han tenido la responsabilidad de gobernar durante ocho años y sus argumentos no se sostienen: no es lo mismo estar fuera que dentro de las máquinas". Así ha recalcado que el PP "nunca conoció" antes de llegar al poder unos datos de déficit que, según ha incidido, aún son "provisionales" a la espera de que las cuentas se cierren.

Asimismo, el dirigente ''popular'' ha defendido que "no hay ningún recorte social" en las medidas del Gobierno, y ha recordado que el PSOE "congeló las pensiones" en 2010 mientras asistía "pasivamente" a la destrucción del empleo llamándolo "ajuste" y permitiendo que la Seguridad Social entrara en déficit.