EL DESPRECIO de los políticos a la palabra dada es un asunto grave que trasciende a la calidad de la democracia que tenemos. No es posible tener una democracia asentada y avanzada si los políticos nos enseñan baratijas una y otra vez y las cambian por el oro de los votos. Y, si no avanzamos en la exigencia del cumplimiento de los políticos a sus promesas, nunca saldremos de una pseudodemocracia; será impensable poder discutir temas más importantes que nos atañen a todos, como la forma del Estado, la lengua común, la independencia de poderes, etc., si no exigimos que no nos traten como a un rebaño. Deseo que no sea una estrategia política para poder entretenernos con asuntos menores. Como siempre, la sociedad civil es la que falta en la contestación al gobernante al elegirse a los políticos en una ristra de nombres y representar solo teóricamente a los ciudadanos.

El recién nombrado presidente del Gobierno había anunciado su oposición total a la subida de impuestos por su lastre para la reactivación económica considerando la vía de la reducción del gasto como la más apropiada para la reactivación de la economía y para la reducción del déficit presupuestario, estimado en esos momentos en un 7,3%. El déficit de 2011 no se podrá conocer hasta primeros de marzo de 2012, por lo que la subida en la estimación del déficit en más de un 8% ha deshecho de un plumazo toda la base del programa electoral de carácter liberal por uno socialdemócrata (¿a la andaluza?). Este hecho, independientemente de su imperativa necesidad por las razones que sean, debiera haber sido explicado por el presidente, al ser un cambio de rumbo importante y que los votantes no conocían. Sin embargo, la sola explicación dada no por el presidente ha sido que "nos hemos encontrado un déficit superior al previsto"; pobre argumento, en mi opinión, de escasa credibilidad.

La publicación del R.D. Ley 20/2011 de 30 de diciembre de "medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público" comporta medidas de prórroga de los presupuestos, incrementos de ingresos y reducción de gastos.

La prórroga singular de algunos créditos presupuestos supone fundamentalmente la congelación del sueldo de los funcionarios. Sin embargo, se permite la subida, o actualización según la terminología del gobierno, de las pensiones en un 1%.

Desde el punto de vista económico y en relación con los ingresos, lo más significante: la subida del IRPF hasta el 52% mediante un gravamen complementario a la cuota íntegra estatal, que sitúa a España en los lugares de cabeza de la UE (la media es del 37%) y supone un verdadero mazazo a la clase media de nuestro país, y debilitará el consumo y el ahorro. El incremento es temporal para los ejercicios 2012 y 2013. La subida estimada en 4.111 millones de euros será repartida entre Estado y CC. AA. Además, la subida de la tributación sobre el ahorro hasta el 27% será motivo de búsqueda de otros paraísos fiscales. En cuanto al impuesto municipal, el IBI, que ya se había incrementado en los últimos tiempos en un cien por cien, frenando la actividad inmobiliaria, se estima que la recaudación por el incremento en 918 millones dará un respiro a los municipios, pero castigará aún más a la clase media. El incremento se produce en los periodos impositivos que se inicien en los años 2012 y 2013.

Sin embargo, la deducción fiscal por vivienda, un 15% (el 7,5% del tramo estatal y otro 7,5% del tramo autonómico transferido), viene a ser una buena noticia. La deducción, independientemente del nivel de renta, supone una desgravación máxima de 1.356 euros.

La subida de las pensiones en un 1% producirá un incremento medio de veinticinco euros mensuales en las pensiones más altas (2.522, 89 euros mensuales en 2012 frente a 2.497,91 euros mensuales en 2011) y de cinco euros mensuales en las más bajas, incremento absurdo que solo tiene importancia política y que en estas condiciones podría haberse evitado, ya que su coste total supone 1.382,6 millones, y que, además, se anula en algunos casos por el incremento del IRPF, sin olvidar que la Seguridad Social ya ha comenzado a ser deficitaria.

En cuanto al gasto, su reducción se ha cifrado en 8.914 millones y su incidencia mayor ha sido en los ministerios inversores, Fomento (1.612) e Industria, Energía y Turismo (1.091), aun cuando también han sido importantes las reducciones en Economía y Competitividad (1.083) y Asuntos Exteriores y Cooperación (1.016).

Como vemos, por ahora cero en reactivación económica. Habrá que esperar a ver la reforma completa, junto a la laboral y a la financiera, debido a la infinidad de posibilidades que existen para reducir el gasto, además de la financiación a partidos y sindicatos, que debiera realizarse solo con sus cuotas, y el recorte en las subvenciones, así como la reducción de los gastos de las Comunidades Autónomas causantes del desequilibrio prolongado del déficit público, por lo que en ellas habrá que tomar medidas mediante la reducción drástica de organismos paralelos; eliminación de competencias que no le corresponden (como la exterior; sin embargo, los gobiernos autonómicos disponen de doscientas oficinas en el extranjero: Cataluña, cuarenta y ocho; Valencia, veintitrés; Andalucía, veintidós); eliminación de policías que obstruyen la coordinación policial, cuando la Nacional y la Guardia Civil son suficientes; privatización y supresión de televisiones públicas; supresión de empresas públicas, etc.

Se ha pedido un gran esfuerzo a la clase media, no culpable del despilfarro de las Administraciones Públicas. Esperemos a las próximas sesiones del espectáculo para examinar la reducción del gasto. Espero que esta vez sí recaiga en los verdaderos culpables, principalmente en las Comunidades Autónomas. Mientras, no nos engañen más, de verdad que no nos lo merecemos. Gracias anticipadas.