La Zona Especial Canaria (ZEC) debería acrecentar su incentivo fiscal, la rebaja del Impuesto de Sociedades, para atraer empresas de sectores que faciliten la diversificación productiva del Archipiélago, según recomienda un estudio encargado por el consorcio de la institución a expertos en fiscalidad y economía.

El trabajo se presentó ayer en el Parlamento autonómico ante representantes políticos y empresariales de las Islas. En ese acto, el presidente del consorcio de la ZEC, Juan Alberto Martín, que abandonará el cargo cuando el Gobierno central designe, en breve, a su sustituto, reclamó un plan estratégico diseñado por los ejecutivos estatal y autónomo que unifique las intenciones de ambos y, con ello, la finalidad de la Zona Especial.

"Hace falta más presencia activa y menos formal en los órganos de dirección de la ZEC, y objetivos claros para trabajar en común", recalcó Martín, que atribuyó a la "orfandad institucional" y a la "falta de conexión" entre las administraciones que, pese a que progresivamente ha ganado empresas, este área de baja tributación no acabe de despegar.

Subrayó, asimismo, que el incentivo fiscal -que las sociedades inscritas en la ZEC tributen al 4% por su actividad, y no al 25% general en Europa- "no basta", pues debe acompañarse de mayores facilidades de acceso al crédito, la ampliación del espacio físico en el que pueden establecerse las empresas y la reducción de la burocracia. Todos estos factores frenan la puesta en marcha de proyectos al amparo de la Zona Especial, indicó el aún titular del consorcio.

Respecto a la necesidad de una mayor promoción de las ventajas de la ZEC, Martín añadió que, en aquellos casos en que la deslocalización de compañías implantadas en la Península sea "ineludible", el Gobierno central debe "vender las posibilidades" que abre el establecimiento como empresa ZEC.

También, para atajar una crisis turística que solo se ha "socavado" por el desvío de visitantes desde el norte de África, abogó por ligar la "modernización de servicios y actividades anejas al sector" a este instrumento de baja tributación.

Con el objetivo de contribuir a la diversificación económica de las Islas, una de las principales razones de ser de la ZEC, el informe presentado ayer aconseja "delimitar sectores estratégicos", destacó el anterior jefe del gabinete del presidente del consorcio, Antonio Olivera, encargado de coordinar el trabajo de los catedráticos de Economía Aplicada José Ángel Rodríguez (Universidad de La Laguna) y Jesús Ruiz-Huerta (Universidad Rey Juan Carlos); el profesor titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Las Palmas Víctor Sánchez, y el socio fiscal de Deloitte Murli Kessomal.

Sánchez explicó que es conveniente que la ZEC distinga entre actividades económicas "protegidas" y "especialmente protegidas". Las primeras mantendrían un tipo del 4% en el Impuesto de Sociedades, con un límite en su base imponible, pero las segundas podrían llegar al 1% y sin esa restricción. Esta posibilidad se abriría, por ejemplo, para las empresas dedicadas a las energías renovables, la biodiversidad, la astrofísica y la sismografía, así como a la distribución logística vinculada a África, concretó Sánchez.

Además, indicó que convendría flexibilizar los requisitos de inversión y creación de puestos de trabajo que se exigen para acceder a la ZEC, adecuando así este instrumento "a la realidad".

Kessomal, por su parte, apostó por corregir que las empresas nacionales que se asienten en la Zona Especial deban tributar como sociedades al tipo habitual cuando distribuyen dividendos, y por facilitar que las pequeñas firmas puedan destinar fondos de la Reserva para Inversiones (RIC) a la ZEC.