El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, Javier González Ortiz, ha afirmado hoy que el Gobierno español deberá explicar por qué se requiere a las comunidades autónomas un déficit cero mientras que la reforma constitucional prevé un techo del 0,4 por ciento para el Estado.
González Ortiz, en declaraciones a Efe, ha afirmado que el Gobierno deberá clarificar esta diferencia tras el anuncio realizado por el ministro de Economía y Competitividad español, Luis de Guindos, de que se impondrá un déficit estructural del 0 % a las Comunidades Autónomas para 2020.
El consejero canario se ha mostrado partidario de marcar como objetivo la estabilidad presupuestaria pero ha destacado el diferencial existente entre el requerimiento autonómico y el estatal, especialmente, ha dicho, si se tiene en cuenta que las comunidades autónomas son las que llevan el peso del gasto de los servicios.
Además ha precisado que la Unión Europea ha fijado en un 0,5 por ciento el límite del déficit, por lo que ha reiterado la necesidad de que el Gobierno español clarifique esta imposición contenida en el anteproyecto de ley de Estabilidad Presupuestaria, aprobado hoy por el Consejo de Ministros.
Ha recordado que en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el Gobierno acordó trasladar el texto a las comunidades autónomas pero aún no lo ha hecho, por lo que no han podido estudiar el contenido de la norma.
Respecto a la multa del 0,2 por ciento del Producto Interior Bruto que se impondrá a las administraciones incumplidoras de la senda de reducción del déficit público, González Ortiz ha afirmado que si bien es partidario de sanciones, estas deben ser graduales en función de los incumplimientos o de la reiteración de los mismos.
Además ha confiado en que se tenga en cuenta la situación previa de la que parte cada autonomía y que las sanciones sean impuestas siguiendo los trámites que al respecto establece la Constitución.
González Ortiz ha reclamado una revisión del sistema de financiación autonómica ya que Canarias recibirá con el modelo actual 600 millones de euros menos, lo que complica que se cumplan los objetivos de estabilidad presupuestaria.