El Gobierno ha decidido suspender los incentivos económicos para las nuevas plantas de energías renovables con el objetivo de contener el déficit del sistema eléctrico, una decisión acogida con sorpresa entre las empresas de los distintos sectores y criticada por los ecologistas.

El ministro de Industria, Turismo y Energía, José Manuel Soria, ha justificado la decisión en la situación de crisis económica, con necesidad de reducir la deuda pública, y de un sistema eléctrico acuciado por el creciente déficit de tarifa, que ya supera los 24.000 millones y que crece a un ritmo anual de entre 3.000 y 4.000 millones de euros.

Para comenzar a atajar este desfase, asumido primero por las eléctricas tradicionales y pagado por los consumidores a lo largo de los años posteriores a través del recibo de la luz, Industria ha dado el primer paso con las renovables, que el año pasado recibieron más de 6.500 millones de euros en subvenciones y este año cobraran más de 7.200 millones.

No obstante, la decisión sólo afectará a nuevas plantas, no a las a las instalaciones ya en marcha, a las subvenciones ya autorizadas ni a las plantas ya inscritas en los registros de preasignación de primas del Ministerio.

La paralización de las primas será temporal, pero no se ha fijado una fecha para su recuperación.

En estimaciones de Soria, para este año han solicitado entrar en el preregistro -paso previo a la obtención de primas- 500 MW renovables "que no se incorporarán", lo que supondrá un ahorro de 160 millones de euros.

El ministro ha advertido de que el de hoy es sólo un primer paso dentro del proceso de reforma del sistema eléctrico, un camino sobre el que ha evitado concretar nuevos pasos.

Asimismo, ha argumentado que no se pone en riesgo la seguridad de suministro del sistema eléctrico, ya que la capacidad instalada duplica la demanda punta de energía, ni el cumplimiento de los objetivos europeos en renovables para 2020 y ha insistido en que la apuesta del Gobierno por las energías renovables es "firme".

La decisión, plasmada en un Real Decreto, ha despertado preocupación entre las principales asociaciones empresariales eólica y fotovoltaica.

Desde la Asociación Empresarial Eólica (AEE) han señalado en un comunicado que la medida pone en peligro su industria y compromete el desarrollo del sector, así como los más de 30.000 empleados con los que cuenta, y ha pedido a Industria "una reunión urgente para poder explicar la gravedad de la situación".

Por su parte, la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), que reúne a las principales asociaciones del sector, también ha manifestado en una nota "sorpresa" por la decisión y han criticado que la medida agravará la situación del sector fotovoltaico español, "seriamente afectado" ya por medidas anteriores.

En una línea más suave se ha manifestado el secretario general de la Asociación Española de la Industria Termosolar (Protermosolar), Luis Crespo, que ha señalado que entiende que el Gobierno tenga que tomar medidas en el sector eléctrico y ha valorado que no sea con efecto retroactivo.

Desde la patronal eléctrica Unesa creen que la moratoria renovable va en buen sentido. No obstante, el presidente de Unesa, Eduardo Montes, se ha mostrado cauto a la espera de conocer en detalle de la normativa ha expresado su preocupación por todas las centrales que ya están preasignadas y que deben entrar en funcionamiento a lo largo de los próximos años.

Las asociaciones ecologistas han lamentado la decisión y han recordado que estas energías han permitido crear empleo y rebajar el precio de la energía.

En declaraciones a Efe, el responsable de Energía de Greenpeace, José Luis García, ha considerado "injustificable" que, mientras se paraliza el desarrollo de las renovables, se mantenga el apoyo al carbón y se siga beneficiando la energía nuclear.

El presidente de la Fundación Renovables, Javier García Breva, ha calificado la decisión del Gobierno de "error histórico" y "despropósito" y ha señalado que va en contra de la política energética de la UE y de las medidas que deberían adoptarse para la recuperación económica.