El director general de Transportes y Movilidad de la Generalitat catalana, Ricard Font, indicó ayer que no es partidario de multar a la compañía Spanair por el cese repentino de su actividad y emplazó al Gobierno central a "reconsiderar" esta decisión.
"Entendemos que en todo momento han estado informados y creemos que se tendría que reconsiderar esta decisión", aseguró Font en una rueda de prensa.
Añadió que la Generalitat informó "desde el primer minuto" al Ministerio de Fomento y al Gobierno sobre el cese de actividad de la compañía el pasado viernes y que seguirá trabajando para "solucionar este tema".
En este sentido, el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Lluís Recoder, aseguró que el Govern no se siente responsable del cierre de Spanair y que descarta abrir una investigación sobre el mismo.
"Esto lo debe decidir el juez. Por nuestra parte no hay intención de abrir una investigación porque no tenemos indicios de que sea necesario. Los gestores han hecho su trabajo razonablemente bien", explicó Recoder en declaraciones a una emisora de radio.
Tampoco el Govern se siente responsable civil subsidiario del cierre: "La Generalitat controlaba un 24% de las acciones de la aerolínea, era un inversor más, pero no el gestor", manifestó el conseller.
Ahora, la prioridad de la Generalitat es intentar recolocar a los más de 2.000 trabajadores de Spanair y a otros tantos de Newco, que se ocupaba de su "handling".
Varios centenares de ellos se concentraron ayer en los aeropuertos de Madrid-Barajas, El Prat y Málaga como medida de protesta por su situación laboral.
A última hora de la tarde, fuentes sindicales informaron de que la dirección de Newco prepara un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para despedir a 1.000 de los aproximadamente 1.200 trabajadores de la compañía.
En Canarias, la directora general de Trabajo del Gobierno autónomo, Gloria Gutiérrez, pidió a los responsables de la aerolínea que busquen una solución "rápida" para que los 160 trabajadores que tenían en las Islas no queden en un "limbo jurídico".
Desde Mallorca, el presidente de Ryanair, Michael O''Leary, ofreció al personal de Spanair que opte a la oferta de trabajo de su compañía, que este año recibirá 30 nuevos aviones y precisará de 1.500 empleados, de los que 500 serán pilotos, 850 tripulantes de cabina y 150 de ingenieros. O''Leary dijo que la próxima semana comenzará el proceso de selección, que estará abierto a cualquier profesional que desee presentarse.
Sobre el cierre de Spanair, el presidente de Ryanair señaló que es una "buena noticia" para el empleo y el turismo en España porque supondrá la llegada de nuevas aerolíneas a precios más baratos, lo que incentivará la demanda.
Además, criticó la "tradición española" de dar ayudas públicas a las empresas y, en el caso de Spanair, a una compañía que "estaba claro que no era viable".
Por su parte, el presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes y Turoperadores, Rafael Gallego, indicó que la crisis de Spanair ha puesto de manifiesto "la necesidad de la creación" de un fondo de garantía que proteja a los usuarios y a los comercializadores de los billetes ante las crisis de las aerolíneas.
En Las Palmas, el consejero autonómico de Transportes, Domingo Berriel, apuntó que si se pone en riesgo la conexión aérea de Canarias por el cierre de Spanair se pedirán al Estado medidas de servicio público obligatorio.
Hasta el pasado lunes, 22.200 pasajeros de Spanair habían sido recolocados en vuelos de Iberia, Vueling, Air Europa, Lufthansa y Ryanair, según AENA Aeropuertos.