Las nulas perspectivas de recuperación de la edificación residencial dotan de mayor relevancia la inversión en obras públicas. Pero esta partida tampoco escapa a los recortes de las administraciones canarias para ajustar sus cuentas, lo que puede provocar más cierres de empresas de la construcción, advierte la patronal tinerfeña Fepeco, que reclama que, como mínimo, se mantengan los fondos asignados en el pasado ejercicio.

El punto de partida en 2012 son, en términos netos, 478 empresas activas menos en el sector que hace un año, según la Seguridad Social. Y, en el plano del empleo, 19.000 puestos de trabajo menos, de acuerdo con la Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística. Si se compara esta fotografía con la de 2007, cuando la crisis daba sus primeros coletazos, se aprecia que han desaparecido casi la mitad de las empresas del sector en las Islas y el 65% del empleo que sostenían.

Con una actividad residencial que sigue en barrena -las viviendas iniciadas en el Archipiélago hasta septiembre sumaban 675, un 61% menos que en el mismo periodo de 2010, mientras que en 2006 se rebasaron las 30.000 en todo el ejercicio-, la única medida contracíclica queda en manos del sector público. Sin embargo, Fepeco constata un bajón de 300 millones de euros en la inversión del Gobierno autónomo y los cabildos durante el año pasado. La patronal Seopan, que agrupa a las grandes constructoras del país, lo cuantifica, sumando la aportación del Estado, en más de 600 millones, un 67% interanual.

"Estamos muy preocupados por esos recortes, que suponen una acción gravemente perturbadora para el crecimiento económico y el empleo. La inversión en obra civil es la herramienta más importante que tiene cualquier administración para potenciarlos, pues ejerce un impacto inmediato", señaló, en declaraciones a EL DÍA, el director gerente de Fepeco, Óscar Izquierdo.

Ese instrumento, sin embargo, no está escapando de la estrategia de recorte de gasto que afronta el sector público para controlar su déficit. "Estamos de acuerdo -aclaró Izquierdo- en que el ajuste es necesario, pero no debe recaer en la inversión en infraestructuras, sino en partidas no productivas. A la Administración le falta imaginación para encontrarlas, pero, mientras, detrae fondos que deberían impulsar la actividad productiva: el recorte de la inversión en obra civil supone casi la misma cantidad que recibieron las empresas públicas el año pasado. Todo por alimentar el funcionamiento de la maquinaria administrativa".

El director de Fepeco remarcó que los constructores no reclaman un incremento de la inversión respecto a años anteriores, solo que su descenso se pare para no estrechar más el margen de maniobra de las empresas, a las que la propia Administración está "abocando al cierre", dijo. Y los empresarios piden que el apoyo a la rehabilitación de edificios, una apuesta recurrente en el discurso del Gobierno canario, no aparte de forma drástica la nueva inversión.

Para "convencer" al Ejecutivo y a los cabildos de la conveniencia de preservar esa partida, Fepeco pone sobre la mesa datos: cada millón de euros invertido en obras públicas tiene un retorno fiscal de 570.000 euros; cada millón recortado destruye 18 puestos de trabajo, concretó Izquierdo.

Además, Fepeco aboga por que la ejecución de los fondos promueva el mayor número de obras posible para arrastrar más empleo y dar oxígeno a las empresas. "Algunas disponen de clasificaciones que ha costado 30 años conseguir. De la noche a la mañana, no tienen actividad y las consecuencias sobre el empleo son devastadoras", remachó Izquierdo.

REFORMA BANCA

"La competencia desleal crecerá"

Los promotores isleños recelan del anuncio del Gobierno central de que la reforma del sistema financiero permitirá abaratar las viviendas que están en manos de la banca, algo que, dice, se extenderá al resto del mercado. La patronal de la provincial Fepeco siempre ha sostenido que el precio de los pisos difícilmente bajará en Canarias más de lo que lo ha hecho por la carestía del suelo y, en menor medida, por los impuestos que desembolsó el promotor, que frenan el abaratamiento final. Para su gerente, la posibilidad de que haya dinero público para apoyar a la banca en su estrategia de liberar "ladrillo" acrecienta la "competencia desleal" que ejerce la misma: "Solo podremos empezar a vender cuando la banca se quite sus inmuebles".

"Se soluciona el problema contable de las entidades financieras y del riesgo que tomaron, pero no el de la economía", señaló Izquierdo. Fepeco, que insiste en que la banca estrangula una demanda solvente que sigue buscando viviendas, cree que los fondos públicos deberían estimular la actividad privada. "Ya nos gustaría tener el apoyo que reciben las entidades financieras, que después de haber estado años recibiendo miles de millones, no hacen llegar el crédito a familias y empresas", recalcó su gerente de la patronal.

En 2010, último ejercicio del que hay datos cerrados, las entidades financieras concedieron 26.574 hipotecas para adquirir una vivienda en Canarias, un 19% menos que el año anterior. Si la comparación se retrotrae a 2006, antes de la crisis, el bajón se dispara al 60%, según el Instituto Nacional de Estadística, que sigue revelando caídas interanuales mes a mes correspondientes a 2011. Los datos definitivos del año se publicarán el próximo día 23.