El sector inmobiliario se muestra escéptico respecto a un posible gran ajuste del precio de la vivienda de manera inmediata como consecuencia de la reforma del sistema financiero, al tiempo que pide al Gobierno una reestructuración de su mercado que impulse las fusiones entre promotoras.
La patronal APCE solicitará al Ejecutivo la creación de una comisión que analice el sector y proponga un plan estratégico para resolver el excedente de casas y facilitar las fusiones.
Hasta que esto ocurra, el sector quiere que el Gobierno obligue a la banca a que revierta en el mercado las ayudas directas o indirectas que ha recibido.
Tanto los expertos consultados ayer como la patronal valoran la reforma del sistema financiero, pero coinciden en que aún es pronto para pronosticar el impacto que tendrá, ya que todo dependerá de cómo reaccione cada entidad.
En una rueda de prensa, el presidente de la APCE, José Manuel Galindo, aseguró que las provisiones que se exigen a la banca "no tienen por qué traducirse en un ajuste de precio".
Cualquier ajuste brusco penalizará a los sistemas financiero e inmobiliario y a la riqueza de las familias, dijo Galindo, que apuntó que, de trasladarse al mercado la exigencia de provisiones de los bancos por sus activos inmobiliarios -que han pasado del 25% al 35%-, la vivienda, "como mucho", se abarataría un 10%.