El Ministerio de Fomento estudia medidas normativas y operativas que permitan a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) la supervisión de las compañías aéreas tanto al inicio de su actividad como, sobre todo, en su suspensión.
La ministra del área, Ana Pastor, explicó ayer, en su primera comparecencia en el Congreso que tras el cierre de Spanair, que se saldó con 83.000 pasajeros y 4.000 trabajadores afectados, Fomento considera necesario adoptar medidas ante situaciones similares.
Señaló que la primera sorpresa que se ha llevado con el cierre de Spanair es que en este país, para que uno pueda operar, el procedimiento es largo y tedioso, lo cual "no parece mal", pero que "para suspender la actividad basta con comunicarlo, lo cual causa sorpresa".
Pastor adelantó que propondrá, tanto en el ámbito de la normativa española como en el comunitario, que todas las compañías tengan también responsabilidad "cuando quieran dejar de operar".
Por otro lado, ayer continuaron las movilizaciones de protesta de los trabajadores de Spanair. Unos 500, incluidos empleados de la operadora de tierra Newco, se concentraron en Barcelona ante la sede de la Generalitat para protestar por el cierre de la aerolínea y pedir a la Administración catalana, accionista de referencia de la aerolínea, un compromiso para la solución del conflicto.
Otros 500 trabajadores pidieron en Madrid, frente al Ministerio de Fomento, que este interceda en su recolocación en las compañías que van a operar las conexiones que hasta ahora mantenía Spanair.
Además, Fomento fijó los servicios mínimos de la huelga de pilotos de Iberia -convocada para los días 13, 17, 20, 24 y 29 de este mes y que coincide con la de otros colectivos-. Abarcarán todos los vuelos entre la Península y Canarias y Baleares, el 50% de los nacionales cuyo tiempo de viaje sea superior a cinco horas y el 25% de los de menor duración, y el 50% de las conexiones con ciudades extranjeras de menos de seis horas.