A pesar de que semanas antes de que el Gobierno desvelara los entresijos de la nueva reforma laboral, los "minijobs" capitalizaron buena parte del debate político y social, "oficialmente" quedaron fuera del controvertido documento, presentado el pasado 10 de febrero.

De hecho, días antes la ministra de Empleo, Fátima Báñez, había descartado esta figura, esgrimiendo que supondría cobrar menos del salario mínimo interprofesional, fijado en 641,2 euros al mes, a pesar de contar con el beneplácito del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi; el vicepresidente de la Comisión Europea y Comisario de Competencia, Joaquín Almunia; el máximo responsable de Empleo comunitario, Lászlo Andor; el ministro de Economía, Luis de Guindos, y el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Juan Rosell, entre otros.

Por contra, las principales organizaciones sindicales del país y alguna formaciones políticas como el PSOE e Izquierda Unida abanderaron el rechazo a esta fórmula, cuya esencia, según argumentan, se ha "colado" en la letra pequeña de la "maxirreforma", a través de las modificaciones introducidas en la contratación a tiempo parcial.

Al amparo de su efectividad en países como Alemania, que en los últimos años ha maquillado su cifra de desempleados a costa de más de seis millones de "minijobs", el secretario general de CEOE-Tenerife, Pedro Alfonso, esgrime que "el principal objetivo de este tipo de contrato sería el de mantener activa la economía".

A su modo de ver, "tiene ventajas para el trabajador, la empresa y la economía española". En este punto, dice que "para los empleados supone una ventaja estar incluidos dentro del sistema social y seguir cotizando para la pensión de jubilación" y, además, agrega que les favorece dado que "puede considerarse un contrato puente hacia otra ocupación en el futuro, que puede beneficiar, sobre todo, a los jóvenes". Igualmente, subraya que "en el caso de trabajadores de más edad puede añadir un complemento a la economía familiar, que además hace posible la conciliación familiar" y, por último, destaca que "es una opción que reduce la economía sumergida".

A grandes rasgos, Alfonso explica que "los minijobs son contratos de baja remuneración y máximo 15 horas de trabajo a la semana"; "los empleados acogidos a este régimen laboral, tienen derecho a vacaciones pagadas, y a bajas por maternidad y enfermedad, no pagan impuestos y reciben un salario de 400 euros al mes, al tiempo que pueden hacer aportaciones voluntarias a los sistemas sociales". Aún así, puntualiza que "el mercado laboral alemán posee características diferentes al español. Por ejemplo, no tienen regulado el salario mínimo interprofesional, por lo que de implantarse en nuestro país, habría que encuadrarlos en nuestra legislación laboral".

Escasa cualificación

Respecto a los sectores en los que podría aplicarse, detalla que "son muy variados porque en general se trata de ocupaciones para las que no se requiere cualificación". En este contexto, resalta que "las ocupaciones para las que mejor han funcionado en Alemania son las de repartidores, limpiadoras del hogar, cuidadores de niños o ancianos, pintores y camareros para las horas punta". En su opinión, "en Canarias, su implantación tendría perfecta cabida para muchas de las ocupaciones del sector turístico" y arguye que "los colectivos que más se ajustan a este régimen son jóvenes que encuentran así un empleo que compatibilizan con sus estudios, o que les sirve de entrada en el mercado laboral como transición a otro empleo en el futuro, los desempleados de larga duración, o los profesionales free lance, como músicos, artistas, fotógrafos, etcétera".

El presidente de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel), Jorge Marichal, coincidió con Alfonso en que los "minijobs" tendrían un perfecto encaje en el sector turístico. "Todo lo que ayude a afrontar los picos y las épocas valle en la productividad bienvenido sea, porque en un hotel debemos tener disponibles todos nuestros servicios tanto si tenemos dos clientes como si son 500", sentencia.

Marichal alega que "está claro que la jornada de 8 a 3 se acabó, pero no porque nosotros queramos, sino porque este modelo ya no funciona". En definitiva, asevera que "lo que siempre estamos pidiendo los empresarios es flexibilidad, porque si tenemos unas normas muy rígidas no podemos ser competitivos, y hay que tener en cuenta que en realidad no estamos compitiendo con nuestro vecino, con los de la Isla de enfrente o los de la península, sino con los países emergentes". A su vez, señala que "en la hostelería lo que intentamos es que nuestras plantillas sean lo más estables posible, aunque la gente opine lo contrario". No en vano, recuerda que se nos exige que al menos el 60% de nuestro personal sea fijo".

El secretario general de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (Facua), Abbas Moujir, también defiende los "minijobs" como una alternativa interesante para el comercio isleño, "sobre todo para los establecimientos que decidan abrir determinadas horas adicionales, algún domingo y festivo".

Abbas comenta que "permitiría abaratar los costes que acarrea a un negocio la apertura fuera de su horario habitual y se crearía más empleo entre colectivos como los jóvenes y los desempleados mayores de 50 o 55 años". Del mismo modo, insiste en que son una buena vía para establecer una primera toma de contacto entre el empleador y el empleado, que podría derivar en un contrato de más horas".

Por último, es consciente de que esta figura ha creado cierta controversia entre determinados colectivos, pero plantea que no sería mala idea "realizar una encuesta entre la población para ver qué opinan de este tipo de trabajos", a los que probablemente muchas personas desearían acogerse con tal de abandonar las listas del paro.

Principio de desconfianza

Entre tanto, los sindicatos se muestran totalmente beligerantes contra este formato específico de contrato aduciendo que ya existía en el ordenamiento laboral español, a través de los contratos a tiempo parcial.

El director del Gabinete Técnico de CCOO en el Archipiélago, José Miguel González, y el secretario general de UGT-Canarias, Gustavo Santana, indican que el objetivo principal de su implantación respondía a un ahorro económico para el empresario.

Santana entiende que "la intención es precarizar mucho más el empleo ya que los contratados se convertirían en el chico o la chica para los recados". Por tanto, enfatiza que lo único que buscan es "satisfacer las necesidades empresariales en base a una cultura que no favorece el derecho al trabajo ni la dignidad en el mismo".

Mientras, González apunta que "basándonos en el principio de desconfianza, se corre el riesgo de que te contraten solo media jornada, pero luego te exijan que cumplas una jornada completa".

Ambos hacen hincapié en que, aparte de una menor retribución, otra de las diferencias entre esta figura y los contratos parciales es que, al disminuir la base de cotización, conlleva una pérdida de derechos sociales pasivos como la prestación por desempleo o la pensión de jubilación.

El representante de CCOO comenta que el problema de la escasa implantación de los contratos parciales también estriba en el gran desconocimiento que existe en la materia ya que, "al final, en la inmensa mayoría de las ocasiones, las gestorías son las que contratan y no los empresarios de forma directa". A su modo de ver, eso explica que "casi siempre se opte por el de obra y servicio o por el indefinido ordinario".

Por otro lado, incide en que están pensados "para empresas con procesos productivos muy tecnificados". Por eso, enfatiza que "el nivel de industrialización de la economía española es muy inferior al de la media europea, por lo que aquí no tendrían cabida".

A su juicio, "las relaciones laborales y la estructura económica alemanas son totalmente diferentes a las españolas, por lo tanto, si algo nos ha enseñado la historia es que si adaptas las mismas soluciones a realidades distintas el resultado también será diferente".

El secretario general de UGT-Canarias comenta que el turismo y el sector servicios, en general, son el "caldo de cultivo" de este formato en España, lo que, atendiendo además al alto índice de paro juvenil y los bajos salarios existentes en el Archipiélago, hace de él uno de los escenarios más propensos para su proliferación.

Por último, los dos sentencian que la creación de empleo no está vinculada con los modelos de contratos que existan, sino que está directamente relacionada con la reactivación de la economía.