El pleno del Parlamento Europeo aprobará mañana jueves, salvo sorpresa de última hora, el nuevo acuerdo comercial agrícola con Marruecos que permitirá una mayor entrada en el mercado comunitario de tomate marroquí. Los agricultores españoles critican el acuerdo porque creen que Rabat no respeta las reglas de precios y contingentes del convenio en vigor y los eurodiputados españoles de los distintos grupos han anunciado que votarían en contra.
En un debate el martes en Estrasburgo (Francia), los eurodiputados se mostraron en su mayoría partidarios de avanzar en las relaciones con Marruecos como socio estratégico y para apoyar sus reformas democráticas, por lo que consideraron que el nuevo acuerdo agrícola será un paso más en esta dirección.
Se espera el voto positivo de ''populares'' europeos, socialistas, liberales y conservadores y reformistas, según fuentes parlamentarias, frente a la oposición de los grupos de Los Verdes y la Izquierda Unitaria porque creen que deberían quedar excluidos los recursos del Sáhara occidental.
Los españoles en la Eurocámara también han anunciado que no apoyarán la ratificación del texto. Los eurodiputados del PP y del PSOE consideran que el nuevo régimen comercial es "desequilibrado", perjudica los intereses del sector en España y no ofrece garantías de que la parte marroquí cumplirá las normas que se aplican a las producciones "sensibles" como el tomate, el pepino, la fresa, la mandarina, el ajo, el calabacín y el azúcar.
Tampoco lo ven con buenos ojos Willy Meyer (IU), Raül Romeva (ICV), Francisco Sosa Wagner (UPyD) ni la gallega del BNG, Ana Miranda, por la cuestión del Sáhara occidental y dudas con criterios medioambientales y laborales. Estos eurodiputados piden que el nuevo acuerdo atienda al Derecho internacional y deje fuera a la ex colonia española.
El sector agrícola en España, en especial los productores de tomate en Andalucía, Canarias y Murcia, ha criticado el nuevo acuerdo porque lo consideran desequilibrado y se quejan de que la parte marroquí incumple los volúmenes y precios pactados en el convenio actual.
Los eurodiputados pueden aprobar o tumbar el convenio, pero no modificarlo, y el rechazo del texto no paralizaría las relaciones comerciales con el reino alauí, que seguirían bajo el régimen existente.
"NO ES UN SOCIO CUALQUIERA"
Ante las críticas, el comisario de Agricultura, Dacia Ciolos, pidió el martes en un debate con la Eurocámara la ratificación del nuevo acuerdo con Rabat porque, según dijo, Marruecos "no es un socio cualquiera" y se trata de un pacto "equilibrado". También defendió que las importaciones marroquíes cumplen las normas europeas y se comprometió a un "seguimiento muy estricto" de los alimentos "más sensibles", entre los que está el tomate.
Además de la ratificación, los eurodiputados votarán una resolución para marcar los pasos a seguir y señalar posibles mejoras. Un texto consensuado por el Partido Popular Europeo (PPE), Socialistas y Democrátas (S&D), Liberales (ALDE) y Conservadores y Reformistas (ECR) cuenta con los apoyos necesarios para salir adelante, según fuentes europeas.
La resolución reconoce que Marruecos es un socio muy importante para la Unión Europea y considera que reforzar las inversiones y el comercio con este país es parte de los esfuerzos europeos para promover la democracia al sur del Mediterráneo tras la llamada ''primavera árabe''.
El acuerdo agrícola ofrecerá un "papel clave en el desarrollo económico del país y su estabilidad política" porque abre nuevas oportunidades de negocio también para el sector europeo, según el texto. La supresión arancelaria en cerca del 70 por ciento de los productos agrícolas y pesqueros permitirá un "ahorro estimado de 100 millones de euros" para la UE, añade.
Con todo, la resolución que con toda probabilidad será aprobada este jueves admite "preocupación por las quejas constantes" que denuncian "fraude" en el sistema de precios de entrada y pide "garantías" de que el incremento de los contingentes arancelarios está "debidamente regulado", al tiempo que reclama "medidas de control eficaces".
Atendiendo a las reclamaciones de una parte del Hemiciclo sobre los derechos de la población saharaui, la resolución pactada por los principales grupos pide a Bruselas "que garantice que el acuerdo es plenamente coherente con el Derecho internacional y beneficia a todos los grupos de población locales afectados".