El Consejo de Ministros ha limitado hoy a 105.000 euros anuales el sueldo base de directivos de grandes empresas públicas -al que se añadirá una variable por objetivos- y ha decidido suprimir al menos un centenar de consejeros, lo que supondrá un ahorro en dietas de un millón de euros.

La portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado en rueda de prensa que con este Real Decreto los directivos de empresas medianas cobrarán como máximo un sueldo básico de 80.000 euros al año, y las de menor dimensión 55.000.

El porcentaje medio de bajada estará entre un 25 y un 30 %, pero podrá llegar a 35 % en las empresas públicas más pequeñas.

La retribución será así "sensiblemente menor" que en la empresa privada, pero "razonable y suficiente" para el sector público, según el criterio del Gobierno.

Al sueldo base se añadirá un complemento de puesto además de una variable ligada al cumplimiento de los objetivos de la entidad, con un límite máximo que fijará el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y que todavía no ha sido determinado.

"Por primera vez" esta variable estará estrictamente ligada al cumplimiento de dichos objetivos y por tanto "podrá perfectamente no ser cobrada", ha advertido la vicepresidenta del Gobierno.

Pero al mismo tiempo, con esta retribución variable se busca "primar que vengan los mejores a hacerlo de la manera mejor posible", ha dicho la portavoz.

"Hemos buscado un equilibrio para garantizar que las empresas estarán dirigidas por personas de la suficiente solvencia, pero siempre teniendo muy presente que las cantidades que se conocen hoy no pueden sostenerse para el sector público. Son tiempos de austeridad", ha recalcado la vicepresidenta.

Para primar los criterios de transparencia, se establece la obligación de que todas las retribuciones se conozcan públicamente.

Además, el sueldo final fijado incluirá retribuciones en especie, con lo que se acaba con la "práctica habitual" de añadir a los sueldos el pago de vivienda, manutención, seguros, etcétera.

Como ejemplos del resultado de estas medidas, Sáenz de Santamaría ha mencionado que dentro de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) la retribución fija es de 200.600 euros anuales, con lo que la bajada será del 27 %.

Dentro de esta estructura, el consejero delegado de Navantia cobrará un 28 % menos, mientras que el de Hunosa bajará su retribución anual del 23 %, ha ejemplificado la vicepresidenta.

Además, se suprimirán "al menos y de entrada" un centenar de consejeros del sector público empresarial, ya que se limita a quince el número de consejeros en grandes empresas públicas, a doce el de las medianas y a nueve el de las pequeñas.

Esto conllevará un ahorro de un millón de euros en dietas, ha explicado Sáenz de Santamaría, que sin embargo no ha podido especificar todavía el ahorro global de la bajada de sueldos públicos, ya que está pendiente del desarrollo del decreto.

Como ejemplo, ha recordado que Tragsa tiene en la actualidad veintidós consejeros, que quedan reducidos a quince.

Estas medidas surgen de un informe elaborado por un grupo de trabajo que dirige el Ministerio de la Presidencia y que está elevando al Consejo de Ministros sucesivas propuestas para el sector público, como el límite de indemnización de siete días por año para directivos que se incluyó en la Reforma Laboral.

En pocas semanas, según Sáenz de Santamaría, llevarán al Consejo otro informe para reducir el sector público empresarial a nivel estatal, en paralelo a los estudios autonómicos y locales con este mismo objetivo.