El presidente de la Comisión de Economía y Política Financiera de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), José Luis Feito, planteó ayer que los parados puedan dejar de cobrar la prestación por desempleo en el momento en que rechacen la primera oferta de empleo.
El dirigente de la patronal, que remarcó que en el resto de países europeos es "inconcebible" que los desempleados cobren paro si han recibido una oferta de trabajo. "Como si es en Laponia", subrayó.
Durante su intervención en el XX Congreso Nacional de la Distribución de la Automoción, Feito arguyó que la estructura de prestación por desempleo en España es muy "generosa" ya que al principio se cobra más y después se va cobrando menos, algo que a su parecer podría cambiar.
"En España hay una mentalidad de que el paro es una especie de renta, y que se tienen dos años para buscar trabajo", sentenció.
Aún así, Feito calificó la reforma de "revolucionaria" y dijo que con estas medidas, España será capaz de crear empleo si registra un crecimiento de la economía del 1%".
Mientras, los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, confirmaron ayer que el Gobierno no se ha puesto en contacto con los sindicatos tras las manifestaciones contra la reforma laboral del pasado domingo, "de las más masivas de la historia de la democracia", en su opinión.
No obstante, ambos le pidieron que "reflexione" porque "aún tiene tiempo" para abrir un proceso de negociación con los agentes sociales "paralelo" al trámite parlamentario que evite una "escalada" de la conflictividad social.
Por contra, indicaron que antes de plantear una huelga general "hay que esperar a que el Gobierno de una respuesta".
Para Méndez, las movilizaciones del domingo en 57 ciudades tuvieron una "afluencia masiva y democrática que puede considerarse de las más altas de la historia de la democracia española", y reflejaron un doble sentimiento que reina en la sociedad: "La inseguridad, pero no la resignación".
Toxo confió en que "el Gobierno lea bien lo que sucedió y evite a España de una escalada de movilizaciones que puede producirse si insisten en sostener la reforma laboral y no enmendarla". "Hay posibilidades de modificar en todo o en parte el contenido del real decreto a través de las enmiendas que se introduzcan en el Congreso y el Senado", añadió.
Entre tanto, la Unión Sindical Obrera (USO) convocará un "gran acto" a finales de marzo o principios de abril contra la reforma aprobada por el Gobierno que, a juicio de su secretario general Julio Salazar, "se ha pasado de frenada".
Por su parte, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, aseveró que el Ejecutivo "está deseando" tener propuestas concretas de los sindicatos durante el trámite parlamentario de la reforma y subrayó que ninguna materia quedará "excluida" de la negociación.
Sin embargo, la secretaria general del PP recalcó que el Gobierno no aceptará nada que desvirtúe el tronco del documento, que es la incentivación de las contrataciones, y enfatizó que la respuesta de la sociedad a la convocatoria de manifestaciones en su contra "no fue ni mucho menos mayoritaria".
Por último, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, indicó que el Gobierno está empleando la crisis "como pretexto para hacer un auténtico ajuste ideológico" y criticó que se hayan puesto "en solfa" treinta años de relaciones laborales con una reforma "injusta, innecesaria e ineficaz". A su vez, el líder de IU, Cayo Lara, opinó que la "dureza" de la reforma laboral ha roto "la barrera del miedo" en la calle y la respuesta ciudadana se acrecentará.