El Gobierno propuso ayer que las familias que se encuentran bajo el "umbral de la exclusión", que tengan a todos sus miembros en paro y hayan agotado su prestación por desempleo puedan saldar su deuda con el banco entregando su vivienda, lo que se conoce como "dación en pago".
Además, el Ejecutivo propuso que las familias que se encuentren en la anterior situación también puedan salvarse del desahucio, mientras que se mostró partidario de que se permita un periodo de carencia para que aquellas a las que se ha embargado el inmueble puedan seguir ocupándolo "un tiempo prudencial" de al menos dos años.
El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, presentó en el Congreso de los Diputados un conjunto de medidas normativas para reducir el impacto de los desahucios en los colectivos con riesgo de exclusión social, que se completa con un código de buenas prácticas que adoptarán las entidades de forma voluntaria.
No obstante, el Gobierno propone como incentivo a las entidades la posibilidad de incluir como gasto fiscalmente deducible las pérdidas en que hubiesen incurrido por la dación en pago.
Estas medidas normativas, que deberán ser analizadas con los sectores afectados, incluyen también la definición del colectivo que se incluye en el umbral de exclusión social, en el que sí se encuentran las familias con todos sus miembros en paro y cuya vivienda objeto de ejecución sea la primera y única residencia.
Pese a ello, De Guindos anunció que se establecerán cautelas para evitar fraudes.
El titular de Economía aprovechó una interpelación urgente de Izquierda Plural para defender también una mejora de las ejecuciones hipotecarias que sea "ágil y transparente". Se fomentarán los procesos extrajudiciales, la creación de una base de datos informatizada y las subastas "on line".
Las propuestas también incluyen la atenuación de los intereses moratorios para las personas en el umbral de exclusión y que las entidades financieras cubran un determinado porcentaje de la diferencia entre el valor de tasación y el precio adjudicado en subasta.
El presidente de la asociación de usuarios Adicae, Manuel Pardos, agradeció que el Gobierno haya atendido "la alarma social" que habían generado los desahucios y los embargos hipotecarios, pero aseguró que las medidas "no serán efectivas", ya que su aplicación dependerá de las entidades.
Un portavoz de la Asociación Española de Banca resaltó el compromiso del sector para analizar iniciativas que permitan mitigar la situación de las familias en riesgo de exclusión social.