El plan que, previsiblemente, aprobará mañana el Consejo de Ministros para acelerar el pago de las deudas contraídas por la Administración con sus proveedores inyectará una liquidez vital para que muchas empresas y autónomos canarios aseguren su viabilidad y esquiven el cierre.

Así lo señalaron ayer, en declaraciones a EL DÍA, uno de las vicepresidentes de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Ángeles Palmero, y el presidente de la federación de trabajadores autónomos ATA en Canarias, Juan Carlos Arricivita.

El sector privado isleño ha recibido de forma positiva el anuncio del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien adelantó el pasado martes que el Gobierno permitirá a los proveedores de comunidades autónomas y ayuntamientos acudir al banco a cobrar facturas pendientes.

"Es la mejor noticia que se le podría dar a los proveedores, a los empresarios y a los autónomos, que en este momento necesitan oxígeno en el pago de trabajos que han realizado en tiempo y forma", valoró Palmero.

La vicepresidenta de la Cámara de Comercio provincial reclamó que el plan que ultima el Ejecutivo estatal no ralentice más el reconocimiento de la deuda contraída por la Administración, paso previo a que se pueda exigir la misma. "Pedimos -manifestó- una simplificación de ese trámite, pues pasa muchísimo tiempo hasta que se da tal conformidad".

Palmero, que también es vicepresidenta de la patronal de la construcción Fepeco, recordó que en este sector ha habido empresas que han cerrado por la morosidad del sector público. "Un empresario que tiene deuda pendiente en la Administración tiene que seguir haciendo frente a impuestos y la Seguridad Social mensualmente para no sufrir recargo", destacó.

Además, Palmero instó a seguir eliminando obstáculos que, desde el sector público, "frenan" la actividad de las empresas.

En la misma línea, Arricivita indicó que el futuro plan antimorosidad del Gobierno ha sido reclamado durante años por autónomos y pequeñas y medianas empresas (pymes). Aplaudió que aportará liquidez en un momento en el que el grifo de la financiación está cerrado y, con ello, "puede ayudar a mantenerse a más de un millón de ellos que ahora mismo están en la cuerda floja, así como a generar consumo".

Prioridad del Ejecutivo

A la hora de pulir el plan que puede aprobarse mañana, el titular de ATA-Canarias reclamó que, de haberlo, el interés que tengan que pagar los proveedores por que el banco les adelante la deuda de la Administración sea el mínimo y no "castigue" al acreedor.

Montoro aseguró ayer que la agilización del pago de las facturas se hará a través de un consorcio bancario, con la presencia del Instituto de Crédito Oficial (ICO), y no aumentará el déficit.

A falta de concretar la fórmula definitiva, así como el capital que se movilizará para afrontar estos impagos, el ministro comentó a los periodistas en el Congreso que ante esta movilización de recursos tan importante, además del ICO, se requiere "el compromiso y la gestión" de las entidades bancarias.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis de Guindos, afirmó que dar solución al "estrangulamiento de liquidez" de las empresas acreedoras es "una prioridad muy, muy, muy importante", ya que el impacto del retraso en los pagos es "extraordinariamente negativo" para la economía y "está en la base" de la destrucción de tejido empresarial y empleo.

Según los cálculos de ATA, el plan antimorosidad estará dotado con unos 30.000 millones de euros, cuantía que va a suponer un "salvavidas" para los autónomos, dado que las deudas de las administraciones al conjunto de proveedores ascienden a 40.000 millones y hay cuatro millones de facturas pendientes, según apuntó el presidente nacional de la federación, Lorenzo Amor.

En su opinión, el Gobierno está "cogiendo el toro por los cuernos", porque este plan "no tiene nada que ver" con las líneas que se habían puesto en marcha con anterioridad, que estaban dotadas con 3.000 millones.

La Confederación Nacional de la Construcción calificó de "gran noticia" la medida anunciada por Montoro, pero lamentó que pueda acarrear una quita de la cantidad que adeuda la Administración.

Por parte de la CEOE, su vicepresidente primero, Arturo Fernández, la tildó de "muy importante" porque hará fluir el dinero.