El sector financiero español aclaró ayer que el incentivo fiscal propuesto el pasado miércoles por el ministro de Economía, Luis de Guindos, para que las entidades acepten la dación en pago -saldar la deuda con el banco entregando la vivienda- ya existe.
Según explicaron fuentes financieras, el sector ha alertado de que definir un colectivo en el "umbral de la exclusión", que se pueda acoger a la dación en pago o salvarse de los desahucios, puede provocar "un riesgo real de exclusión financiera".
Así, las entidades abogan por que dichas propuestas se acaten de forma voluntaria como hasta ahora y no por imposición legal.
De Guindos había anunciado un conjunto de medidas normativas para reducir el impacto de los desahucios en los colectivos con riesgo de exclusión social, que se completarán con un código de buenas prácticas que adoptarán las entidades de forma voluntaria.
Entre esas propuestas se incluye que las familias que se encuentran en el "umbral de la exclusión", que tengan a todos sus miembros en paro y hayan agotado su prestación por desempleo, puedan saldar su deuda con el banco entregando su vivienda.
Críticas judiciales
Además, las familias que se encuentren en la anterior situación también podrían salvarse del desahucio, mientras que se aboga por permitir un periodo de carencia para que aquellas a las que se ha embargado el inmueble puedan seguir ocupándolo "un tiempo prudencial" de al menos dos años.
Para el sector financiero -que dijo compartir la filosofía del Ejecutivo-, las medidas propuestas solo serán paliativas, ya que el problema no se solucionará hasta que no lo haga el desempleo.
Las mismas fuentes manifestaron que otras propuestas presentadas por el ministro de Economía también preocupan al sector financiero. En concreto, la que hace referencia a que las entidades deban cubrir un determinado porcentaje de la diferencia entre el valor de tasación y el precio al que finalmente se ajusta en subasta.
Las entidades alegan que la pérdida de valor no se debe a un error en la tasación, sino a los movimientos del mercado.
Por su parte, Jueces para la Democracia tildó ayer de "mera proclama populista y mediática" la propuesta del Gobierno para la dación en pago.
En una nota, la asociación de jueces progresistas reclamó una reforma de la actual legislación hipotecaria por considerar que no reparte de forma equitativa entre las partes afectadas -el banco y el deudor- los riesgos y perjuicios de la crisis.