El Gobierno de Canarias ha decidido autorizar a los ganaderos a desprenderse de los cadáveres de los animales que mueren en sus explotaciones enterrándolos en complejos ambientales, para abaratar el coste de este proceso, ante la falta de incineradoras en las islas.

La Consejería de Agricultura canaria se ha acogido para ello a las medidas previstas en la normativa europea sobre destrucción de subproductos animales no destinados a consumo humano en las regiones consideradas como "zona remota", una categoría que ahora se aplicará en las islas.

Este reconocimiento de Canarias como "zona remota" a esos efectos será publicado en los próximos días en el Boletín Oficial de la comunidad autónoma (BOC) y comunicado al Ministerio de Agricultura, para su posterior traslado a la Comisión Europea.

La autorización estará vigente hasta el 15 de junio de 2015 y permitirá que los cadáveres de animales se entierren en los complejos ambientales insulares bajo las condiciones especificadas en el reglamento europeo 142/2011, de 25 de febrero de 2011, "siempre que estas instalaciones hayan obtenido la oportuna modificación de las correspondientes autorizaciones ambientales, previa solicitud de los Cabildos", precisa el Gobierno.

Además, será necesario que la retirada y el traslado de los animales desde las granjas hasta estos recintos se realice por empresa autorizada, de modo que se garantice su control.

En un comunicado, la Consejería de Agricultura subraya que la falta de plantas de transformación y de incineradores en todas las islas, así como sus especiales condiciones orográficas, de lejanía e insularidad, encarecen los costes de los procedimientos previstos con carácter general para destruir los animales muertos en las explotaciones, lo cual perjudica a los ganaderos canarios.

Por ese motivo, Canarias ha decidido acogerse a la excepción prevista para las zonas remotas hasta que las islas cuenten con la infraestructura necesaria para eliminar los cadáveres de ganado en las condiciones fijadas con carácter general.

"Esta consideración implica que los ganaderos no tengan que afrontar unos costos elevados, muy por encima de la media estatal, a través de pólizas de seguros por las que se abona una cantidad por cabeza de ganado existente en la explotación", explica el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, Juan Ramón Hernández.

El consejero recuerda que esta medida "ha sido ampliamente demandada" por los ganaderos canarios, que se veían abocados a pagar cantidades muy superiores a las que abonan sus homólogos peninsulares (2,36 euros por cabeza de ganado caprino u ovino, frente a los 0,16 euros que se pagan, por ejemplo, en Cataluña).