Las comunidades autónomas y los ayuntamientos recibirán un préstamo sindicado de 35.000 millones de euros a diez años, con dos de carencia y un tipo de interés cercano al 5%, para hacer frente de manera inmediata al pago de las deudas que tienen contraídas con sus proveedores.
Así lo explicó ayer, al término del Consejo de Ministros, el titular de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, quien reconoció que "prácticamente todos los bancos españoles", incluido el Instituto de Crédito Oficial (ICO), participarán en este plan.
Se trata, dijo, de "la operación financiera más importante que se ha realizado en España" porque "se inyecta liquidez en un momento en que las pequeñas y medianas empresas (pymes) están sometidas a un doble estrangulamiento", que es la restricción crediticia y el impago de las deudas de "muchas administraciones territoriales".
"Esto va a suponer un alivio importantísimo que, sin duda, va a tener impacto en el crecimiento económico", resaltó De Guindos.
Del importe total del préstamo sindicado, unos 20.000 millones serán para los ayuntamientos y el resto para las comunidades.
El plazo será de diez años con dos de carencia, en el que las administraciones autonómicas y locales podrán pagar solo los intereses. El tipo de interés será el del bono del Tesoro a cinco años más 115 puntos básicos, lo que lo sitúa ahora en el 4,70%.
El ministro también expuso que el Tesoro refinanciará la operación para extender la vida del préstamo hasta los diez años, frente a los cinco a los que presta la banca en estas operaciones.
Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró que, gracias a este mecanismo, las administraciones locales "podrán comenzar a pagar de forma inmediata a los proveedores las facturas pendientes", una medida que se hará extensible el próximo martes a las comunidades autónomas.
Además, el plan irá acompañado de otro de ajuste para garantizar que las entidades locales acomoden sus ingresos y gastos a una senda sostenible.
Para la vicepresidenta, este plan es "una medida clave para dar confianza al sistema" y "erradicar" la morosidad, que se ha llevado por delante "muchas empresas y muchos puestos de trabajo".
Apuntalar las pymes
Además, es "un mecanismo que busca la máxima agilidad y rapidez en el pago de las facturas y que tiene como objetivo fundamental apoyar a las pymes, los autónomos, los empresarios y emprendedores, que son los que crean empleo".
"Las administraciones tienen que tener presente que a partir de ahora tienen que pagar puntualmente sus obligaciones", añadió Sáenz de Santamaría, que recordó que la semana pasada se aprobó un real decreto-ley por el que los ayuntamientos deberán presentar antes del 15 de marzo la lista de facturas pendientes de pagar a sus proveedores a fecha de 31 de diciembre de 2011. Además de dar un respiro a las corporaciones locales y regionales, el plan fue celebrado por organizaciones,como la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, que agrupa a un millón y medio de empresas. "Ayudará a que se normalice la situación del país", aseveró.
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