La sanidad pública canaria podría ahorrar 618 millones de euros anuales con la puesta en marcha de nuevas fórmulas de gestión público-privada alternativas al copago, lo que supondría una reducción del 25 por ciento sobre un presupuesto global de 2.471 millones, según las estimaciones realizadas por la firma internacional de auditoría y asesoramiento legal Russell Bedford, quien también ha previsto para el conjunto de España un ahorro que podría superar los 13.000 millones anuales.

El ahorro que se registraría en el archipiélago permitiría rebajar un 85 por ciento el déficit presupuestario de Canarias, que en 2011 superó los 720 millones de euros, el 1,8 por ciento de su PIB. La rebaja se conseguiría a través de tres medidas complementarias que abaratarían el coste sanitario para los usuarios manteniendo la calidad, universalidad y gratuidad del servicio. Pese a que la gestión sería privada, la Administración mantendría la capacidad de control e inspección, así como la facultad normativa y sancionadora.

La primera de estas medidas propuestas es la creación de una central de compras sanitaria privada, con la que la Administración ahorraría al menos un 20 por ciento en la adquisición de fármacos para centros hospitalarios. Este sistema, que el Gobierno quiere promover en todas las autonomías, aliviaría la deuda de más de 15.000 millones de euros que el sistema sanitario tiene con sus proveedores. Actualmente, las centrales de compras están implantadas en algunas comunidades como Madrid, en donde en apenas un año se ha conseguido reducir en una quinta parte el gasto en medicamentos. Otras, como Castilla-La Mancha, también han optado por esta vía.

En lo que respecta a la asistencia sanitaria, los presupuestos para 2012 reflejan un importante recorte del gasto por habitante, que en algunas comunidades supone hasta 200 euros menos respecto al comienzo de la crisis. Para mantener el mismo nivel de prestación sin disminuir los recursos, Russell Bedford también propone la gestión privada en ciertos servicios, como los de análisis de sangre, radiología, tratamiento de residuos, cocinas, limpieza y lavandería. De este modo, se conseguiría reducir a la mitad el coste sanitario por paciente en los hospitales públicos, que oscila entre los 1.100 y los 1.600 euros, dependiendo de la comunidad autónoma.

La tercera vía de ahorro consiste en revalorizar las infraestructuras sanitarias públicas que se iniciaron en la etapa de crecimiento económico y que, en la actualidad, suponen un desembolso muy elevado que dificulta la asistencia de los pacientes en las mismas condiciones previas a la crisis. Russell Bedford cree que la puesta en valor de estas instalaciones se podría lograr cediendo el mantenimiento o explotación de hospitales a empresas privadas a través del cobro de un canon anual.

AHORRO POR COMUNIDADES

Los mayores ahorros en términos absolutos se conseguirían en aquellas comunidades que tienen un presupuesto sanitario más elevado. De este modo, a la cabeza se sitúan Andalucía, con 2.348 millones de euros, seguida de Cataluña (2.127), Madrid (1.792), Comunidad Valenciana (1.373), Galicia (883), Castilla y León (865) y País Vasco (849).

Por el contrario, los menores ahorros se localizarían en La Rioja (105 millones), Cantabria (183), Navarra (229), Baleares (297), Extremadura (370), Asturias (414) y Aragón (462). En una posición intermedia se situarían Murcia (464 millones) y Canarias (618). De Castilla-La Mancha no se dispone de datos porque todavía no ha presentado su presupuesto para 2012.

Sin embargo, el ahorro por habitante es un indicador más fiable de la efectividad de las medidas propuestas por Russell. De hecho, con este medidor el panorama cambia completamente al ser País Vasco la comunidad con un mayor ahorro (386 euros anuales), seguida de Asturias (383), Navarra (357), Aragón (355), La Rioja (349), Castilla y León (338) y Extremadura (336).

Por encima de los 297 euros de ahorro medio por habitante en España también se sitúan Galicia (315 euros), Murcia (309) y Cantabria (304). No obstante, algunas de las comunidades más pobladas lograrían una menor eficiencia per cápita, como es el caso de la Comunidad Valenciana (269 euros), Baleares (270), Madrid (275), Andalucía (280), Cataluña (283) y Canarias (294).

LOS ANTECEDENTES

Aunque la colaboración público-privada en la gestión sanitaria es una novedad en la mayoría de las comunidades españolas, algunos gobiernos autonómicos la están llevando a cabo siguiendo el que se conoce como modelo Alzira, que tomó su nombre de la localidad valenciana en la que se construyó en 1999 el primer hospital público español gestionado bajo la modalidad de concesión administrativa: el Hospital de la Ribera. Entre las ventajas que ofrecen modelos como el de Alzira destacan una mayor accesibilidad, amplitud de horarios, la ausencia de listas de espera y un trato más personalizado.

Dada la situación actual de la sanidad, marcada por la falta de financiación y los menores ingresos públicos que tienen que seguir sosteniendo un gasto sanitario que representa entre el 30 y el 60 por ciento de los presupuestos autonómicos, Russell considera que la participación privada es necesaria para reducir el déficit de 10.000 millones de euros que acumula el sistema.

Si bien es cierto que la entrada de capital privado ha generado dudas en el sector sobre su conveniencia, Gabriel Martínez, socio fundador de Russell Bedford, recuerda que el informe Abril, elaborado a principios de los noventa, ya destacaba que lo único que tiene valor para el paciente es "la calidad y el coste de la asistencia sanitaria, no quién gestiona el hospital". "El debate no está en la privatización de la sanidad sino en conseguir que un servicio público y universal se adapte a la nueva realidad", concluyó.