Unicaja aseguró hoy estar trabajando para adaptar la fusión con Caja-España-Duero al nuevo entorno creado tras la reforma del sistema financiero, que endurece las provisiones de la banca para cubrir el riesgo inmobiliario.
En una respuesta remitida a preguntas de la Agencia EFE sobre si sigue vigente el acuerdo de fusión con la caja castellano-leonesa, Unicaja afirma que "se sigue trabajando en los tiempos que se consideran necesarios para la adaptación del proyecto a la nueva situación de la realidad económica y financiera".
La caja andaluza salía así al paso de las informaciones que han aparecido durante el fin de semana, y que apuntaban a una posible renegociación del acuerdo de fusión de las entidades suscrito en 2011 y ratificado por los órganos de gobierno el pasado mes de septiembre.
La iniciativa de reabrir el acuerdo habría partido de Unicaja debido a los nuevos requerimientos de provisiones que tendría que afrontar la nueva entidad especialmente por el riesgo inmobiliario asumido por Caja España.
Algunos medios apuntaban incluso la posibilidad de la ruptura del acuerdo, lo que podría tener consecuencias desastrosas para Caja España-Duero que, ante las fuertes necesidades de capital que padece, ha hecho descansar toda su estrategia de supervivencia en el proyecto de fusión con Unicaja.
De hecho, el diario ABC indicaba ayer que la entidad estaba "al borde de la intervención", a la que se vieron abocadas CCM o Cajasur, entidades que también estuvieron a punto de fusionarse con Unicaja.
Unicaja ha confesado que puede hacer frente sin necesidad de ninguna fusión a los 691 millones que le exige la reforma financiera, mientras que en el caso de Caja España-Duero, la cifra es más elevada, 1.140 millones.
Fuentes de la entidad andaluza no han querido confirmar si el presidente, Braulio Medel, estaría renegociando las condiciones o, como se apunta desde el sector, si estaría reclamando ayudas públicas al Gobierno para acometer la fusión.
No obstante, sí ha dejado claro que "comparte plenamente el objetivo reiterado de las autoridades económicas de avanzar en el proceso de consolidación del sistema financiero", aunque siempre "sobre la garantía de conformar entidades plenamente solventes y viables".