El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, sostiene que "es necesario regularizar un conjunto de camas que actualmente están funcionando en el mercado, pero que en su momento no obtuvieron la autorización definitiva, bien por cuestiones de naturaleza urbanística o de la regulación de los estándares de la normativa sectorial".

Por este motivo, argumenta que "hay que establecer mecanismos para integrar a toda esa oferta en la plena legalidad".

Por otro lado, Alonso propone que "se reflexione de nuevo sobre la moratoria, aunque no para que las Islas aumenten su oferta global de camas". Al respecto, plantea que "la baja de camas, sobre todo las extrahoteleras que desaparecen porque no son competitivas y pierden su funcionamiento en el mercado, puedan reconvertirse y sirvan para incrementar la oferta".

De este modo, incide en que "no se trata de ocupar suelo que no esté clasificado como turístico por los planes municipales". A su vez, agrega que "las nuevas plazas alojativas no deberían estar vinculadas exclusivamente a una categoría concreta de hotel, pero sí a una oferta complementaria y a una especialización hotelera que puedan funcionar bien en el mercado".

El presidente de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel), Jorge Marichal, coincide con Alonso en que la mayoría de las camas que están en situación irregular son por "cuestiones administrativas", por lo que reclama que, "de una vez por todas, se legalice lo que sea susceptible de serlo y que se cierren las que no".

A su modo de ver, la moratoria propició un "atasco" en este asunto ya que "muchos expedientes que estaban en trámite se quedaron paralizados".

Marichal subraya que "los hoteleros somos los primeros que queremos que todo esté legalizado para que el global del sector esté en igualdad de condiciones". Por ello, pide que "se establezcan unas condiciones y se fije un plazo para que puedan regularizarse las que lo deseen y, a partir de entonces, actuar contra las que no lo hayan hecho".

No obstante, enfatiza que "el principal problema radica en las propiedades privadas que hay dentro de determinados complejos alojativos o las camas de uso residencial que se explotan como turísticas, por la mala imagen que generan en el destino".