El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, reconoció ayer que la decisión del Tribunal Supremo obliga al Gobierno a elevar la parte regulada del recibo de la luz y que lo "previsible" es que a partir del 1 de abril "haya un incremento en la tarifa".

En declaraciones hechas en el Congreso de los Diputados, Soria añadió que "se equivocará" quien piense que todo va a ser a cuenta del consumidor, y apuntó a una reducción de los costes regulados que se retribuyen con el recibo.

La tarifa eléctrica de último recurso (TUR), que se revisa cada trimestre y a la que están acogidos unos 20 millones de consumidores, está formada por dos componentes: los peajes que retribuyen las costes regulados del sector y que fija el Gobierno, y el precio de la energía, que resulta de una subasta denominada Cesur.

Cada uno de estos componentes supone la mitad de la factura. En enero, la variación al alza en los peajes se compensó con la caída del coste de la energía y supuso la congelación en el recibo que pagan los consumidores acogidos a la TUR, una práctica que el Supremo ha cuestionado.

El pasado miércoles se conoció una sentencia del alto tribunal por la que se obliga al Gobierno a compensar el desajuste de unos 1.000 millones de euros generado como consecuencia de que en enero no se incrementaron de forma suficiente los peajes.

Sentencia del Supremo

Esta ha sido una de las causas que han engrosado el déficit de tarifa, que ya supera los 24.000 millones y que el Ejecutivo señala como el principal problema del sector.

Las principales organizaciones de consumidores criticaron ayer la subida de la factura eléctrica anunciada ayer por Soria.

Facua-Consumidores en Acción consideró que esa medida supone un "ataque a la economía de las familias" y una "continuación en la permanente erosión del bolsillo del ciudadano para mantener los macrobeneficios de las eléctricas, que no están atravesando precisamente una crisis".

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), por su parte, manifestó que la subida de la luz "no es la solución a la crisis" y supone "un nuevo mazazo para una factura que se ha encarecido más del 50% en cuatro años".

La OCU recalcó que los usuarios "no tienen la culpa del famoso déficit tarifario" y que "los platos rotos no los pueden pagar solo los consumidores", por lo que ve necesaria una quita de esta deuda que reste presión sobre el recibo final.