El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un plan de reestructuración y racionalización del sector público empresarial que prevé la extinción de 24 sociedades mercantiles estatales, el 17 % del total, entre las que se encuentra la Sociedad Pública de Alquiler.

En la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha destacado que el plan permitirá ahorrar 1,08 millones al año por dietas de 154 consejeros de las empresas públicas que dejarán de serlo.

La vicepresidenta ha indicado que este plan se complementa con otras medidas aprobadas anteriormente por el Ejecutivo como la limitación de las indemnizaciones cuando cesan su actividad los directivos del sector público, la limitación del número de consejeros y la retribución de presidentes y personal directivo.

Estas medidas, junto con la de hoy, significa, según la vicepresidenta, que el Estado "puede poner la casa en orden y lo ha decidido".

Sáenz de Santamaría ha manifestado que el sector público no está para mantener restos del pasado de por vida.

Además, se desinvertirá en 8 sociedades, el 6 % del total y se liquidarán 13 sociedades, entre ellas, ha citado como curiosidad la vicepresidenta, la del Quinto Centenario o la de Barcelona Holding Olímpico, creada con motivo de los Juegos Olímpicos de 1992.

El plan afectará a 45 sociedades mercantiles, el 32 % del total, y desinvertirá participaciones minoritarias de la Administración General del Estado en 35 más, con lo cual el plan afecta a 80 sociedades.

Además, se extinguen o fusionan 9 fundaciones de sociedades estatales.

La vicepresidenta ha subrayado que el Consejo de Política Fiscal y Financiera y la Comisión Nacional de Administración Local seguirán un proceso idéntico al abordado por el Gobierno, con un compromiso de reducción en torno al 25 %, porcentaje que ya se aprobó en 2010 pero que no se ha llevado a cabo.

Asimismo, ha destacado que el plan se rige por los principios de eficiencia, economía y estabilidad presupuestaria.

Sáenz de Santamaría ha incidido en que con el plan se ahorra en gastos de directivos de los órganos de administración, y se gana en racionalización, eficiencia, eficacia y en mayor transparencia para que los ciudadanos vean cómo se gestionan los ingresos públicos.

A este respecto, ha informado de que según el último inventario de 31 de diciembre de 2011 la Administración General del Estado tenía 228 empresas públicas y operaba sobre 85 y ha añadido que en el ámbito autonómico la cifra es superior y en el local incluso más.

Así, hay 2.372 empresas, 626 fundaciones (sólo 52 son del Estado) y 1.055 consorcios.