La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Brígida Mendoza, ha insistido en que con el copago se rompe la equidad en sanidad, independientemente de que se hable de rentas altas, medias o bajas, según puso de manifiesto este jueves en declaraciones a los medios de comunicación.

"El presidente --Paulino Rivero-- se ha posicionado firmemente y claramente en todas las ocasiones y en todos los ámbitos, incluido en el Debate de la Nacionalidad, con un claro no al copago. En ese sentido se ha mantenido y su postura es la de no al copago. Otra cosa es que visto el desarrollo del Consejo Interterritorial, con la medidas presentadas, evidentemente, de lo que se trata es que por lo menos sean calculadas de tal manera que no dañe más a la población", dijo.

Mendoza apuntó que si se lleva a cabo esta medida, tendrá que hacerse de una forma que altere lo menos posible la economía de los canarios, puesto que la comunidad cuenta con una de las rentas medias más bajas.

"Mi posición --añadió-- en el Consejo Interterritorial fue la de no al copago. No apoyar esa medida que si bien no se llama copago, evidentemente, nosotros todos los meses en nuestras nóminas contribuimos a mantener el sistema sanitario. Con altas rentas, con medias o con bajas, la equidad se rompe".

Por su parte, agregó que existen otras medidas como la adoptada en Canarias de la receta electrónica continua. "Ya en 2010 provocó un ahorro. En 2011 hizo que fuésemos mucho más eficientes y hemos sido capaces de tener un ahorro de 48 millones de euros", matizó.

De esta manera, manifestó que los ciudadanos canarios necesitan seguir contando con una sanidad de la calidad como la que se cuenta en la actualidad.

Sobre el control del turismo sanitario, expuso que cuando viene una persona de fuera se está en condiciones de prestarle asistencia sanitaria en cualquier momento, pero que, por otra parte, hay que ser eficiente en la facturación y reclamar al país adecuado la parte correspondiente.

Aquí, afirmó que en 2010, el Gobierno Canarias facturó 10 millones de euros en atención sanitaria a los turistas, de los que el Gobierno de España devolvió 8 millones de euros.