La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia -formada por dependientes, familias, cuidadores y colectivos de profesionales- ha denunciado que los recortes sociales del PP "ponen en riesgo" los derechos reconocidos en la ley y ha anunciado que pedirá al Parlamento que controle su aplicación.
Los colectivos sociales que integran esta plataforma han mantenido una reunión para acordar las actuaciones en defensa de la ley, ya que consideran que las últimas medidas acordadas por el Gobierno van a "empeorar la gestión" y se traducirán en el aumento de las listas de espera, formada por dependientes reconocidos que no reciben prestaciones, que ascienden a 300.000 personas.
"Mientras se siga pensando que la ley es un gasto, siempre tendrán motivos para recortes", ha dicho el portavoz de la Coordinadora Estatal de Plataformas, Jaime Esteban, quien considera que se debe plantear como "una inversión" que ha generado 165.000 nuevos empleos y que mantiene 248.000 empleos vinculados a la dependencia.
Además, las organizaciones consideran que afectará a la vida de las mujeres y al reconocimiento de su trabajo, que son el 90 por ciento de los cuidadores y de los trabajadores de la dependencia.
"Esto va a acabar otra vez con muchas mujeres sin reconocerles el trabajo que están realizando y obligándoles a cuidar a sus familiares; van a intentar volver a la mujer a su casa, a hacer las labores que la derecha cree que le corresponden", ha opinado.
El representante de las plataformas ha anunciado que van a mantener reuniones con los grupos parlamentarios para pedir la creación de una subcomisión de seguimiento de la aplicación de la ley, que pregunte "a todos los actores, para emitir un informe más allá de lo que decida el consejo interterritorial del Sistema de la Dependencia".
"Queremos pedir transparencia a todas las administraciones del Estado, locales y autonómicas, en cómo se está aplicando la ley", ha asegurado.
Las organizaciones consideran que la aplicación de la ley "ha sido un desastre en algunas comunidades" -como Canarias, Valencia, Baleares y Madrid- cuyo inferior desarrollo ha provocado discriminación territorial y reclaman que se iguale al nivel de las regiones que mejor estaban cumpliendo con los derechos de los dependientes -Castilla y León, La Rioja, País Vasco, Navarra, Castilla-La Mancha y Andalucía-.
"Una de las iniciativas que estamos planteando es salir a la calle y mostrar el rechazo de la ciudadanía con respecto a las medidas del PP en materia social; estamos viviendo una situación de alarma social ante los recortes generalizados, no sólo en materia de dependencia", ha indicado otra de las representantes, Ana González.
Ha anunciado que van a reclamar "ante cualquier institución, como el Defensor del Pueblo" y ha animado a todos los ciudadanos perjudicados por la aplicación de la ley a que también lo hagan.
El siguiente cuadro refleja la aplicación por comunidades autónomas de la ley de Dependencia, a 1 de abril de 2012, recogiendo el número total de solicitudes, las personas beneficiarias con derecho a prestación y los beneficiarios que la perciben.
. SOLICITUDES BENEFICIARIOS BENEFICIARIOS
CON DERECHO QUE LO PERCIBEN
ANDALUCÍA 414.701 265.680 195.650
ARAGÓN 493.323 32.653 22.527
ASTURIAS 35.690 19.998 13.857
BALEARES 24.595 16.642 10.168
CANARIAS 38.234 25.236 11.118
CANTABRIA 24.659 17.186 15.050
C y LEÓN 99.633 65.841 61.370
C-LA MANCHA 90.578 54.212 38.763
CATALUÑA 281.585 178.561 126.133
VALENCIA 104.503 70.697 43.877
EXTREMADURA 45.352 27.054 18.616
GALICIA 90.219 61.763 35.635
MADRID 152.814 96.457 79.351
MURCIA 54.400 36.987 26.695
NAVARRA 17.432 10.263 8.400
PAÍS VASCO 80.364 48.982 41.190
LA RIOJA 14.270 8.632 7.619
CEUTA Y MELILLA 3.789 2.079 1.920
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TOTAL 1.622.141 1.038.923 757.939
arv-co/pz
(foto) (vídeo) (audio)
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