El sector comercial del Archipiélago asume que el Ejecutivo central va a "imponer, de manera inminente" la propuesta de ampliar hasta 16 el número mínimo de domingos y festivos en los que los comercios tienen la posibilidad de abrir al año, por lo que la mayoría de sus representantes solicitó ayer que se tenga en cuenta la singularidad de Canarias para que quede exenta de aplicar esta medida.

En este sentido se expresaron los portavoces de las principales asociaciones del pequeño comercio isleño tras participar en una reunión de urgencia con el director general de Comercio y Consumo del Ejecutivo autónomo, Gustavo Matos, en la que también estuvieron presentes miembros de las organizaciones de consumidores, los cabildos y la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y los sindicatos.

El propio Matos, que subrayó que "la medida sería claramente perjudicial para el pequeño comercio", incidió en que el proyecto del Estado "supondría duplicar las fechas permitidas en la actualidad".

A su vez, recalcó que, si finalmente sale adelante, "se invadirían las competencias de las comunidades autónomas, que debemos seguir manteniendo la capacidad de decidir en nuestro propio territorio qué cantidad de festivos queremos abrir y cómo los distribuimos".

De hecho, el sector critica que también se pretende que la distribución de las fechas sean las mismas para todo el país. En concreto, se habla del primer domingo de cada mes, los tres festivos de diciembre y uno en el periodo de rebajas.

Llamamiento al diálogo

Matos señaló que "antes de aprobar una medida de este calado sería necesario establecer un diálogo con los Gobiernos autonómicos en vez de hacerlo por la vía del decreto". En este contexto, enfatizó que "habrá que esperar para ver como se concreta este proyecto para ver que margen de maniobra nos dejan, pero si detectamos una injerencia en nuestras competencias podríamos llegar a plantear acudir a la vía judicial para defender nuestros intereses".

En este sentido, el director de los servicios jurídicos de la Confederación Regional de Comercio de Canarias (Coreco), Carlos Ravelo, planteó llegar hasta el Tribunal Constitucional. Ravelo coincidió con el secretario general de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (Fauca), Abbas Moujir, en que solo saldrían beneficiadas las grandes superficies, que acapararían el escaso consumo que se está produciendo en estos momentos de crisis.

Por contra, portavoz de la Asociación de Medianas y Grandes Empresas de Distribución de Canarias (Asodiscan), Álvaro Rojas, arguyó que "servirá para dinamizar la actividad económica y reactivar el consumo, ya que los clientes tendrán más días para elegir cuando van a hacer sus compras".