El Gobierno de Canarias ha rescatado la alternativa de la reducción de jornada para evitar despidos. La aplicará a parte de sus funcionarios en un paquete de ajuste laboral que también comprende bajadas salariales. "Obligada" por la exigencia de cuadrar las cuentas públicas, la medida está en consonancia con la reforma del mercado de trabajo aprobada por el Ministerio del área en febrero.

Desde hace dos años se viene hablando de extender la reducción de jornada en las Islas para atenuar el desempleo, aunque hasta la aparición de esa reforma no ha tenido relevancia. El debate sobre el llamado "modelo alemán" -o austriaco-, promovido por la patronal provincial CEOE-Tenerife, se enquistó por diferencias con los sindicatos, que pedían más garantías para los trabajadores a los que se les bajara la jornada. El modelo implicaba compensar ese recorte con una formación remunerada para que no perdieran ingresos.

Sin salida en la legislatura anterior pese al interés mostrado por el Servicio Canario de Empleo en la medida, la actual consejera autonómica del área, Margarita Ramos, sigue defendiendo la reducción de la jornada como vía para frenar los despidos y el incremento del desempleo.

Así, se incluyó, sin una referencia directa, en la Estrategia Canaria de Formación y Empleo (Ecfem) firmada con las confederaciones provinciales de empresarios y los sindicatos CCOO y UGT en diciembre: "Promover una adecuada flexibilidad en la organización del trabajo" y "generar e impulsar medidas alternativas a la destrucción de empleo existente y potenciar su estabilidad" figuran entre los objetivos de ese pacto.

Sin protocolo regional

El documento debe plasmarse en un plan de empleo que, de haberse aprobado antes, estaba previsto que incluyera un protocolo para favorecer el reparto del tiempo de trabajo en las empresas con problemas. Ese plan se retrasó porque la Consejería desconocía qué fondos transferirá este año el Gobierno central. Ahora, la flexibilidad ansiada en las Islas llega a través de la reforma laboral, que persigue, según el Ministerio de Empleo, dotar a las empresas en crisis de herramientas de ajuste que no pasen solo por el despido.

En virtud de la reforma aprobada en febrero, la empresa puede recortar sueldos y jornadas, suspender contratos y cambiar las funciones de sus trabajadores si existen para ello razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. Estos cambios pueden ser individuales o colectivos y deben ser notificados al afectado y a sus representantes legales. Si la modificación es colectiva -si afecta, en un periodo de 90 días, al menos al 10% de la plantilla-, hay un "periodo de consultas" de 15 días. Si no hay acuerdo, prevalece el criterio del empresario.

Se precisa como reducción de jornada la disminución temporal de entre un 10% y un 70% sobre la base diaria, semanal, mensual o anual de la misma. Durante el periodo en que esté vigente ese recorte no podrán realizarse horas extraordinarias "salvo fuerza mayor", señala el Real Decreto-ley 3/2012, que articula una norma que aún se está tramitando como proyecto de ley.

"La reforma permite a las empresas modificar las condiciones sustanciales de trabajo aunque provengan de convenios o pactos colectivos, ya que permite su no aplicación en estas materias", valora el secretario general de la patronal provincial CEOE-Tenerife, Pedro Alfonso.

Considera que la reducción de jornada "es una de las herramientas básicas para mejorar la adaptabilidad de la prestación laboral a las circunstancias coyunturales".

Por ello, Alfonso estima que la reforma que ha ejecutado el Partido Popular al asumir el Gobierno "debiera haber llegado antes, pues probablemente hubiera evitado tanta destrucción de empleo. Una vez ha entrado en vigor, y con las modificaciones que pueda sufrir en su tramitación en el Congreso, hay que ver en la práctica si realmente prima la reducción frente a la extinción o siguen siendo interpretables las probadas razones que debe acreditar la empresa".

Respecto a si esa posibilidad de ajustar jornada a favor del empleo tendrá éxito en una economía mayoritariamente de servicios y con poca industria -sector donde los tiempos de trabajo y la producción están más claramente segmentados-, el portavoz de la confederación empresarial señala que "para garantizar un desarrollo sostenible del sector servicios, las medidas de flexibilidad interna, en este caso la reducción de jornada, pueden permitir la adaptación de las condiciones de trabajo a las situaciones coyunturales del mercado, caracterizado por etapas de crecimiento y recesión".

Aplicar la reducción de jornada o la suspensión temporal del contrato en los alojamientos turísticos durante la temporada baja ha sido defendida con reiteración por parte de CCOO-Canarias.

Difícil aplicación

El jefe del gabinete técnico del sindicato, José Miguel González, remarca que este tipo de medidas "es eficaz en determinados sectores económicos en los que los tiempos de trabajo están perfectamente establecidos. En economías industrializadas sí se puede llevar a cabo. Lo ideal es el reparto del tiempo de trabajo. Pero creo que lo que se va a hacer es, simple y llanamente, una disminución salarial sin reducción de jornada, con un incremento de la carga de trabajo y, por tanto, de la productividad. El camino de en medio es el que se ha tomado. En Canarias, como economía de servicios, los tiempos de trabajo no están perfectamente separados".

González, además, apunta que bajar salarios puede llegar a evitar despidos "pero no genera ningún empleo ni tampoco consumo adicional porque se aminoran rentas". Así, según el economista de CCOO, la reforma no responde a lo que en su mismo preámbulo marca: recuperar empleo.

"La cuestión es que si solo una empresa reduce salarios, esta adquirirá una mejora competitiva porque cuesta menos que las otras. Pero con la reforma -añade González- lo pueden hacer todas, con lo que la mejora solo la tendrá quien más salarios baje. Entonces las empresas, en un contexto en el que el 97% vuelca su demanda en el mercado interior, verán disminuida su cartera de pedidos. Si intentamos competir bajando los costes laborales, siempre habrá un país que los tenga inferiores".

La directora del Servicio de Estudios de la Cámara de Comercio de la provincia tinerfeña, Lola Pérez, coincide con González en que el éxito de la reducción de jornada depende del sector. "En el caso turístico, viene bien a los hoteleros, que afrontan épocas de más trabajo y otras de menos. Es una opción que permite mantener el puesto de trabajo y no perder empleados que ha costado formar. Luego, cuando se recupera actividad, no se encuentran determinados perfiles en el mercado".

En contra de lo que posibilita la reforma laboral, Pérez aboga por que esta fórmula "no se ejecute de forma unilateral, sino consensuada. Sería mejor solución hacer partícipes a los trabajadores de la necesidad de salvar su puesto y la empresa. Es la obligación del empresario meterlos en ese objetivo y generar esa complicidad".

También para la analista de la Cámara sería "contraproducente" bajar salarios "per se": "Restaría consumo y afectaría a la actividad empresarial", observa.

Útil en los hoteles

Manuel Álvarez de la Rosa, catedrático de Derecho Laboral de la Universidad de La Laguna (ULL), también cree que la reducción de jornada puede ajustarse a economías muy basadas en los servicios como la canaria. "El subsector de la hostelería, con sus más y sus menos, está sometido a cierta estacionalidad. Hay hoteles con más actividad en invierno que en verano. La reducción de jornada se hacía antes con los contratos fijos discontinuos y es muy útil ahí. Puede ser sustitutivo de despidos, aunque eso habrá que verlo".

Respecto a si esa vía de ajuste no resulta eclipsada por la posibilidad de bajar salarios, Álvarez de la Rosa apunta que "todo depende de la estructura organizativa de la empresa" y de si esa medida depende o no de una inaplicación del convenio colectivo, por tratarse de salarios que estén o no por encima de lo que este marca.

Lo que sí tiene claro el catedrático de la ULL es que ni esta reforma ni las anteriores crean empleo. "Con el derecho del trabajo más rígido o más flexible, nunca hemos tenido menos de tres millones de parados en los últimos 30 años. Ahí está -señala- la estructura productiva del país".

"El derecho del trabajo nace para equilibrar intereses contrapuestos. El problema es alterar de manera absolutamente irreparable ese equilibrio y, por tanto, dañar el valor trabajo", remarca Álvarez de la Rosa, que llama la atención sobre la subjetividad que implican las nociones "rígido" o "flexible".

"Hay al menos dos elementos que no me convencen: el contrato para empresas de menos de 50 trabajadores, que tiene un periodo de prueba de un año y que se llama de emprendedores para no llamarlo temporal o de fomento del empleo, como entre 1984 y 1994; y los desequilibrios en la estructura de la negociación colectiva. ¿Por qué no dejar que esta sea la que las partes libremente se den?".

Teniendo en cuenta que el objetivo es rebajar una tasa de desempleo que reconoce "insoportable", el catedrático apunta que habrá que esperar a que el mercado laboral se reactive para "comprobar si estas han sido unas modificaciones ideológicas o coyunturales".

Según el secretario general de la CEOE-Tenerife, la reforma laboral no deja en un segundo plano la reducción de jornada: "Es una medida de flexibilidad interna tan importante como la modificación del horario o del sistema de trabajo. El fin es la continuidad del vínculo laboral. Siempre es preferible mantener esa relación alterada que la ruptura de la misma".

El secretario de Empleo e Innovación de CCOO-Canarias, Francisco Pozo, se muestra más escéptico: "La reforma lo pone fácil: puedes trabajar lo mismo, pero resultando un 20% más barato. La reducción de jornada se ha quedado en buenas intenciones".