Los Gobiernos autonómicos han presentado en plazo los planes de saneamiento que les exige el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y en los que contienen medidas y ajustes para cumplir el 1,5 por ciento de déficit al que deben atenerse este año, unos planes que de no cumplirse pueden terminar en la intervención de esa Comunidad transcurridos seis meses.
Según la información recogida por Europa Press, varios Ejecutivos regionales han ido informando a lo largo del día de los documentos que han entregado al Gobierno este mismo lunes, fecha de fin del plazo; en otros casos, como Murcia o el País Vasco, no se ha agotado el tiempo concedido y ya en días previos se entregó la documentación requerida.
En otros casos, han sido fuentes de Hacienda las que han explicado este lunes que el plan ya ha entrado en el registro del Ministerio, como es el caso de Cataluña que, según estas fuentes, "ha corregido mucho y en la buena dirección" sus documentos iniciales.
De hecho, las mismas fuentes han explicado que todas las CCAA han pedido ayuda a la Administración central para confeccionar sus planes económico-financieros antes del cierre del plazo esta medianoche. Por ello, no se esperan sorpresas en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, que debe ser convocado en la primera quincena de mayo y que es el foro en el que se aprobará o rechazará oficialmente el plan de cada autonomía.
Para entonces, ya estará en vigor la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la que abre la puerta a que una autonomía sea intervenida por Hacienda para obligarla a ajustarse a ese 1,5 por ciento de déficit autorizado. Una intervención que puede ser forzosa o voluntaria, es decir, solicitada por la administración autonómica.
Todas las autonomías habían enviado estos planes para marzo, pero la revisión presupuestaria les obligó a rehacerlos; además, Hacienda les pidió otras correcciones porque varios de ellos contenían previsiones sobre todo de ingresos no creíbles según Hacienda.