El PSOE pretende que se modifique el Impuesto de Sociedades para que las empresas tributen por lo menos un 15 % de sus beneficios, una vez aplicadas deducciones fiscales, lo que permitiría, según sus cálculos, recaudar unos 6.500 millones de euros adicionales.

Esta es una de las medidas que proponen los socialistas en sus 700 enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado para 2012, en las que defienden entre otras cosas trasladar unos 10.000 millones de euros de unas partidas a otras, eliminar la subida del IRPF e introducir un impuesto sobre las grandes fortunas.

Los socialistas aseguran que hay "alternativas" a las propuestas del Gobierno, y maneras de cumplir con el objetivo de déficit, situado este año en el 5,3 % del PIB, que no impliquen recortes innecesarios, según ha explicado hoy el portavoz parlamentario de Economía del PSOE, Valeriano Gómez, en un encuentro informativo en el Congreso.

Así, del lado de los gastos pretenden que aumente en 2.055 millones el productivo, es decir, educación (600 millones), I? (600 millones), modernización de las estructuras turísticas (10 millones) o desarrollo rural (125 millones), entre otros.

Además defienden elevar en 2.532 millones de euros el gasto social, principalmente en recuperar las políticas activas de empleo (1.000 millones) y crear el fondo para la protección del empleo (otros 1.000 millones).

El resto se divide entre dependencia (283 millones), sanidad (180 millones), integración de inmigrantes y menores no acompañados (64) y prevención de la violencia de género (5 millones).

Al mismo tiempo ven la necesidad de que se cumplan las previsiones de inversiones del Estado en los estatutos de autonomía de Cataluña, Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Castilla y León y Extremadura, con un gasto total de 1.250 millones de euros.

De lo contrario, ha advertido la portavoz de Administraciones Públicas, Meritxell Batet, el Gobierno no estaría actuando con lealtad institucional ni respeto a las comunidades autónomas.

También consideran que deben mantenerse el fondo para municipios de menos de 20.000 habitantes (45 millones), los planes provinciales de obras y servicios (63 millones) y una serie de inversiones en Canarias por valor de 43 millones.

Otra de las ideas es que suba la tasa de reposición de empleados públicos del 0 al 10 %, y del 10 al 30 % en los colectivos considerados prioritarios, tales como policía y bomberos.

Asimismo, los socialistas quieren que se destinen 100 millones de euros a cooperación internacional y acción exterior.

Sumados todos estos gastos que no contemplan los presupuestos suponen unos 5.900 millones de euros, a los cuales deben añadirse otros 5.800 millones que dejarían de ingresarse con la supresión de la amnistía fiscal (2.500 millones previstos de recaudación) y de la subida del IRPF (3.300).

Para compensar estos 11.700 millones y que no afecten al cumplimiento del objetivo de déficit, los socialistas propugnan una tributación mínima del Impuesto de Sociedades del 15 %, aun cuando se apliquen todas las deducciones posibles.

Sería una especie de "tipo suelo" para acabar con las "fuertes discriminaciones" que en la actualidad permiten que una parte importante de las empresas tributen por tipos efectivos del 8 o el 10 % gracias a los beneficios fiscales aplicables, según el portavoz socialista de Presupuestos, Joan Rangell.

La recaudación prevista sería de 6.500 millones, 3.500 más de lo que prevé ingresar el Ejecutivo con las modificaciones que ha introducido en el impuesto.

Otro ingreso adicional para las arcas públicas vendría dado por la creación de un impuesto sobre las grandes fortunas, que daría unos 3.500 millones más.

A ello se añadiría la supresión de deducciones para la compra de vivienda para rentas anuales superiores a 24.000 euros, con lo que se ingresarían entre 1.000 y 1.500 millones, calcula el PSOE.

Todo esto sumado daría entre 8.000 y 8.500 millones de euros más de ingresos, y para llegar a los 11.700 de gastos adicionales se propone limitar la deducción por gastos financieros del impuesto de Sociedades y mejorar el plan de lucha contra el fraude fiscal.