El sector inmobiliario debe deshacerse en el corto plazo de sus activos problemáticos, fundamentalmente del suelo, y elaborar una hoja de ruta que "tutele" su destino en la que el Estado tenga un papel de monitorización importante, según un informe que ha publicado hoy por la consultora PwC.

En dicho estudio, PwC señala que los activos inmobiliarios de las entidades de crédito suman aproximadamente 325.000 millones de euros y que de estos un 54 % son calificados como problemáticos.

La consultora reclama que el Estado tenga un papel en este proceso de ajuste del sector privado, bien participando de forma directa o bien tutelando este camino.

Según la firma, no se aprecia apoyo público para dar salida a los activos inmobiliarios y que un mayor saneamiento de dichos activos podría incentivar a la banca a su venta a precios más bajos.

Además, pide que en el medio plazo se elabore un plan estratégico de desarrollo del territorio y se impulse un modelo de negocio inmobiliario más tecnológico y competitivo, al tiempo que se activan planes de formación de la demanda para incentivar el alquiler.

El estudio plantea planes fiscales para la regeneración de las zonas turísticas degradadas o la creación de incentivos para las edificaciones más sostenibles y con menores costes energéticos de mantenimiento.

Asimismo, propone reconvertir las administraciones públicas y la forma de financiación de los municipios, aumentando las competencias regionales y estatales en materia urbanística frente a las locales, así como simplificar y homogeneizar los trámites urbanísticos.

La consultora resalta como "gran damnificado" por la crisis inmobiliaria la caída del precio del suelo urbano, que en el tercer trimestre regresó a niveles de 2004 hasta situarse en 169,6 euros por metro cuadrado, un 11,1 % más barato que el registrado en el mismo periodo de 2010, según la Estadística del Precio del Suelo del Ministerio de Fomento.