Miles de empleados del sector público, entre ellos policías y personal de inmigración, secundan hoy una huelga de 24 horas en protesta por los cambios en las pensiones.

Los sindicatos estiman que unos 400.000 empleados se sumarán a la medida de fuerza y participarán en manifestaciones a fin de expresar su descontento por las reformas de las pensiones que les obligarán a trabajar más años, contribuir más y cobrar menos una vez retirados.

El llamado ministro del Gabinete, Francis Maude, consideró hoy que la huelga "no tiene sentido" y recalcó que el Gobierno seguirá adelante con la reforma, que contempla aumentar las contribuciones y la edad de jubilación de 65 a 67 años para 2028.

"Nuestras reformas aseguran que las pensiones del sector público sigan siendo de las mejores y que se puedan mantener en el futuro. A los empleados públicos se les pide que trabajen un poco más y paguen un poco más", puntualizó Maude.

Entre los trabajadores que se sumarán al paro figuran también catedráticos, empleados del sector de la sanidad y de los ministerios, lo que afectará a las labores en tribunales, oficinas de búsqueda de empleo, aeropuertos y hasta el Parlamento.

Esta medida sigue a otra similar convocada el pasado noviembre en protesta por la reforma de las pensiones.

En Londres, unos 20.000 policías que librarán hoy participarán en una manifestación en el centro de la ciudad.

El secretario general del sindicato Unite, del sector público, Gail Cartmail, dijo hoy que la huelga pone de manifiesto el "alto nivel de descontento" que hay entre los trabajadores.

"Hay un mayor descontento por la insistencia del Gobierno en que los empleados del sector público trabajen más, paguen más (a su fondo de pensiones) y reciban menos cuando se jubilen", agregó.

"Nuestros miembros creen que el Gobierno ataca sus pensiones como manera de ayudar a reducir el déficit presupuestario, que ha sido provocado por la codicia de una elite de la ''City'' (en referencia a los banqueros), que ha afectado a la economía. Esto es totalmente injusto", añadió Cartmail.

El Gobierno de coalición formado por conservadores y liberaldemócratas aplicó en octubre de 2010 un programa de austeridad para reducir el déficit presupuestario, que en marzo pasado alcanzó el 6,4 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB).