La Comisión Europea (CE) estudia si la toma de control de Bankia, mediante la nacionalización de su matriz, supone una ayuda del Estado que necesite la aprobación comunitaria, en cuyo caso España tendría que enviar a Bruselas un plan de reestructuración de la entidad.

España tendrá que notificar a Bruselas los detalles de la operación, que prevé la conversión en acciones de la ayuda que la entidad recibió en 2010 y a la que Bruselas ya dio su visto bueno.

El Ejecutivo comunitario verificará primero las condiciones del canje, que equivale a una participación muy próxima al 100 % de la matriz de Bankia, para determinar si se ajustan a lo previsto.

El portavoz comunitario de Competencia, Antonio Colombani, aclaró que la notificación a la CE de esta transformación ya estaba prevista en el marco de la decisión anterior que tomó la Comisión sobre la ayuda concedida a la entidad.

Asimismo, recordó que cuando hay ayudas públicas a los bancos la UE puede aprobarlas si son necesarias "para preservar la estabilidad financiera", a condición de que se envíe en una etapa ulterior un plan de reestructuración de la entidad.

Bruselas está aún estudiando si la operación constituye una ayuda del Estado que necesite el visto bueno comunitario y mantiene un estrecho contacto con las autoridades españolas, dijo en la rueda de prensa diaria de la CE.

"Hemos tomado nota de la inyección de capital en Bankia por parte del Gobierno español y estamos en contacto ahora mismo con las autoridades españolas", comentó Colombani, quien no quiso precisar si la CE ha solicitado a España una auditoría independiente del sector financiero español por una supuesta desconfianza en las evaluaciones del Banco de España.

El Gobierno español, por su parte, insiste en que no interviene la entidad, sino que decide convertir en acciones del grupo el préstamo de 4.465 millones que el Estado le concedió a finales de 2010 para su creación.

Después de la operación, el Estado será el principal accionista de Bankia, en cuanto nacionalice su sociedad matriz, el Banco Financiero y de Ahorros (BFA), y aportará el capital que sea "estrictamente necesario" para sanearlo y asegurar su futuro.

El Gobierno, en un comunicado del Ministerio de Economía, explicó este miércoles que se nacionalizará el cuarto mayor grupo español, con más de 400.000 accionistas, para garantizar su solvencia, la tranquilidad de los 10 millones de clientes y disipar las dudas de los mercados.

Fuentes comunitarias negaron que exista "malestar" en Bruselas por la actuación del Banco de España en el sector financiero, y comentaron que en la CE ya se conocía la situación de Bankia y que la entidad se encontraba en la "zona gris", al no haber llegado en las últimas pruebas comunitarias de resistencia a la banca al ratio del 9 % de capital de máxima calidad que exige la Unión Europea.

"Las autoridades españolas, desde estos dos años que llevamos haciendo pruebas de resistencia, son las que pujan más por la transparencia", recalcaron las mismas fuentes y añadieron que la situación económica del sistema bancario español es una de las que mejor conoce la Comisión.

"La decisión anunciada ayer y que creo que va a ser formalizada mañana en el Consejo de Ministros, para nosotros va en la buena dirección porque permite consolidar este banco y, más globalmente, consolidar el sector bancario español", consideraron.