El PP culpó ayer al Banco de España, que ha hecho una "mala gestión" de la crisis, de la inminente nacionalización del Banco Financiero y de Ahorros (BFA), la matriz de Bankia, fruto de la fusión de Caja Madrid con Bancaja, Caja Insular de Canarias, Caja Laietana, Caja Ávila, Caja Segovia y Caja Rioja. El principal partido de la oposición, el PSOE, confirmó ayer que apoyará el proceso de reestructuración de la entidad, que será abordado hoy por el Consejo de Ministros, que tiene como principal tema del orden del día la aprobación de la cuarta reforma bancaria desde el inicio de la crisis económica mundial.

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, opinó que lo ocurrido en Bankia es "lo mejor" tanto para los accionistas como para los 10 millones de clientes que tiene la entidad. Más beligerantes se mostraron otros dirigentes de esta formación política, que arremetieron contra el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez.

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, lamentó la "incapacidad y el desconocimiento" financiero de Fernández Ordóñez, y el diputado Vicente Martínez-Pujalte lo acusó abiertamente de "obligar" al expresidente de Bankia Rodrigo Rato a hacerse cargo de la valenciana Bancaja con datos que "a lo mejor no eran exactos".

Tanto los responsables de las cajas afectadas como los gobiernos autonómicos vinculados a los mercados naturales de las mismas acogieron ayer con esperanza la medida. Por lo que al Gobierno de Canarias respecta, su portavoz dijo ayer que ve "claroscuros" en la decisión y no está de acuerdo en cómo se ha desarrollado la nacionalización del grupo en el que está integrada la Caja Insular de Canarias.

El presidente de la patronal Cepyme, Jesús Terciado, pidió que se haga cuanto antes la reestructuración de Bankia para dar confianza a los mercados.

A partir de hoy, los bancos se enfrentarán a un endurecimiento de las provisiones inmobiliarias que afectarán a los créditos considerados "sanos" o no problemáticos y que suman en España 140.000 millones adicionales.

El Ejecutivo obligará a la banca, con su nueva reforma financiera, a realizar un esfuerzo adicional en provisiones inmobiliarias de unos 35.000 millones de euros, lo que llevará a pérdidas a varias entidades, que estarán abocadas a vender activos o fusionarse. Los bancos españoles llegan a esta nueva fase con un equipaje exiguo, tras haber abordado una primera tanda de provisiones que afectó a los créditos dudosos y morosos y a los activos inmobiliarios adjudicados, como pisos, solares y promociones, que suman en España 180.000 millones.

En el camino, varias entidades se han visto abocadas a desaparecer, como Banca Cívica, en la que participan CajaCanarias, Caja de Burgos, Caja Navarra y Cajasol, que ha pasado a La Caixa.

En el conjunto de Europa, la nacionalización de Bankia ha reavivado el debate sobre un posible rescate de la banca española.

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