Los bancos españoles deberán movilizar 30.000 millones de euros adicionales para cumplir con los nuevos requerimientos de provisiones inmobiliarias aprobados hoy por el Gobierno, según informó el ministro de Economía, Luis de Guindos.

Estas provisiones afectarán a los créditos inmobiliarios considerados no problemáticos, a diferencia de la reforma aprobada a principios de febrero pasado, que exigió a la banca 54.000 millones para sanear la cartera de créditos morosos o problemáticos.

De esta manera, la banca española deberá destinar este año un total de 84.000 millones de euros para sanear los créditos a la promoción inmobiliaria que, sumados a las provisiones que ya tiene constituida la banca, ofrece una cobertura total del 45 %.

A finales de 2011, las entidades financieras contaban con una cartera total a la promoción inmobiliaria de 310.000 millones de euros, de los que 184.000 millones están considerados problemáticos.

El resto, unos 123.000 millones, son considerados créditos "sanos", pero aun así el Gobierno cree necesario aumentar su saneamiento, que hasta ahora suponían el 7 % de su importe, para disipar todas las "dudas sobre la rentabilidad y la solvencia de las instituciones bancarias", dijo el ministro.

El Gobierno ha aumentado en 45 puntos, hasta el 52 %, las provisiones de los créditos para la compra de suelo; en 22 puntos, hasta el 29 %, el de las promociones en curso, y en 7 puntos, hasta el 14 %, el dirigido a financiar la promoción terminada.

Los bancos cuentan con un mes, hasta el próximo 11 de junio, para comunicar al Banco de España cómo piensan acometer estos saneamientos.

El Ministerio de Economía da por supuesto que no todas las entidades españolas podrán afrontar estos requerimientos sin que sufran un deterioro en sus recursos propios o en sus ratios de capital.

Por ello, el Real Decreto Ley aprobado hoy contempla que en caso de que una entidad necesite inyecciones de capital, el Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), podría realizarlo mediante la compra de acciones o a través de la compra de títulos convertibles, aunque "prioritariamente" se optará por esta segunda.

Se trata de la emisión de bonos contingentes convertibles, denominados ''cocos'' en el argot financiero, una especie de prestamos que las entidades deberán devolver en cinco años y por el que tendrán que pagar un interés del 10 %.

"Este tipo de inyección de fondos no supone la concesión de ayudas públicas", dijo el ministro, quien insistió en que no costará dinero a los contribuyentes, por que no habrá ayudas publicas, sino una "disponibilidad de recursos" por el que se pagará un tipo de interés alto, "el doble de lo que está pagando el Tesoro a esos plazos".

El ministro avanzó que el dinero que habrá que inyectar en las entidades "será inferior a lo que inyectó el anterior Gobierno en la primera ronda del FROB", que sumaron 15.000 millones de euros.

El Gobierno ha decidido también, para dar una imagen de mayor transparencia hacia los mercados, encargar a dos tasadores independientes una valoración de toda la cartera inmobiliaria que tiene en su balance la banca española.