La UE ha aprobado hoy un texto de compromiso para iniciar con el Parlamento Europeo las negociaciones sobre los nuevos requisitos de capital para blindar la banca europea ante futuras crisis, después de que el Reino Unido y Bulgaria levantaran sus reservas y se sumaran al consenso mayoritario.

La ministra danesa de Economía, Margrethe Vestager, que presidió el Consejo de ministros del ramo (Ecofin), celebró el acuerdo, al afirmar que Europa demuestra así que está "haciendo sus deberes" para hacer frente a la crisis, afirmó.

Sobre todo después de que el pasado 2 de mayo y tras 16 horas de negociaciones los ministros fueran incapaces de forjar un consenso.

El texto adapta a la legislación comunitaria y a más de 8.300 bancos europeos las normas del acuerdo internacional de solvencia bancaria Basilea III, que entrará en vigor el 1 de enero de 2013 y que exigirá a la banca tener un coeficiente mínimo de capital ordinario del 4,5 % de los activos ponderados por riesgo, un capital de máxima calidad del 6 % y un capital total del 8 %.

El ministro español de Economía, Luis de Guindos, calificó el consenso de "satisfactorio" porque permitirá aplicar Basilea III y combinar las reglas del Mercado Único con la necesaria flexibilidad en cada Estado miembro en relación a la regulación bancaria y el endurecimiento de los requisitos.

"Ceo que es un compromiso adecuado y se ha hecho un esfuerzo importante", señaló en rueda de prensa.

No obstante, tanto el vicepresidente del Banco Central Europeo, Vitor Constancio, como el presidente de la Autoridad Bancaria Europea (ABE), Andrea Enria, y el comisario europeo de Mercado Interior y Servicios Financieros, Michel Barnier, lamentaron la falta de equilibrio "que quizás ponga en riesgo las normas únicas", según advirtió el primero, al considerar que la balanza se ha inclinado demasiado a favor de la flexibilidad.

En concreto, el texto permite a los países miembros imponer un colchón sistémico adicional de hasta el 3 % del capital para todas las exposiciones -nacional, en terceros países y en otros socios de la UE- y de hasta el 5 % para las domésticas y las de fuera del bloque, sin previa autorización de la Comisión Europea.

En el primer caso, si un Estado miembro quiere endurecer los requisitos, lo tiene que hacer para las exposiciones de la UE, incluidas las propias, lo que garantiza que ningún otro país miembro resulte discriminado, explicó Vestager.

El país en cuestión sí tendrá que notificarlo a la Comisión, y el Estado miembro afectado ya no podría acudir a un proceso de mediación vinculante de la ABE, como estaba previsto anteriormente.

Lo que ha facilitado el consenso es la posibilidad de que Reino Unido pueda aplicar su agenda bancaria, basada en el informe Vickers, que obligará a los grandes bancos minoristas a reunir más capital que el mínimo exigido bajo los estándares internacionales.

El ministro británico, George Osborne, también ha valorado que se incluya la liquidez en el texto, y aseguró que, si bien se mantendrá cierto margen de maniobra por parte de los países, "los mercados serán poco piadosos con los que no cumplan Basilea".

Frente a este texto, el Parlamento Europeo ha propuesto que los bancos sistémicos puedan crear un colchón de capital adicional del 3 %, que podría ser elevado al 10 % si fuera considerado necesario por las autoridades, y exige limitar las primas a los banqueros.

También permite que se reduzca en un 30 % la cobertura de capital para préstamos a pymes.

El colchón adicional aprobado hoy se sumaría a la reserva de conservación de capital del 2,5 % para todos los bancos en la UE y al anticíclico, que se fijará a nivel nacional y que se creará en tiempos de crecimiento económico, que puede llegar hasta el 2,5 %.

Los Estados miembros podrán asimismo imponer, durante un máximo de dos años ampliables, requisitos más duros para las entidades en su territorio para hacer frente a burbujas.

La Comisión también podrá imponer por un año medidas más duras.

Se introducirá un requisito de liquidez inicial a partir de 2013 y un coeficiente de apalancamiento a partir de 2018, en base a un informe que elaborará la Comisión Europea en 2016.