La economía sumergida ha crecido en el sector de la industria entre un 30 y un 32% en la provincia de Santa Cruz de Tenerife desde que estalló la crisis, aseguró ayer, en declaraciones a EL DÍA, el responsable del Departamento de Ayuda a la Legalización (DAL) de la Federación de Empresarios del Metal y Nuevas Tecnologías de Santa Cruz de Tenerife (Femete), Ildefonso Machado.

"El número de empresas que operan en situación irregular se ha incrementado de forma bastante importante en el sector de la automoción y en el de la construcción metálica -cerrajerías y carpinterías de aluminio-. Ahora mismo, hay un montón de asociados que llaman desesperados porque en distintas zonas de la isla hay numerosos talleres que están moviendo grandes cantidades de coches de manera totalmente ilegal. Asimismo, esta es una situación que es extrapolable al resto de sectores, como las instalaciones de baja tensión, contraincentios o fontanería, aunque los dos primeros son los más relevantes", detalló Machado.

En cuanto a la legalización de las empresas, la crisis está afectando a los procesos que estas han de seguir para regularizarse por el coste que les origina, sobre todo las que se refieren a las instalaciones industriales que lleva un establecimiento. Hay una parada importante de los proyectos, de los que que estaban en marcha y de los nuevos, algo que se puede comprobar en el número que se visa en los colegios de ingeniería o los que entran en la Consejería de Industria, que son bastantes menos", aseveró.

Los datos recogidos por el DAL ya están en manos del consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias, Javier González Ortiz, con quien se reunieron el pasado lunes y a quien tuvieron la oportunidad de trasladarle, no solo las dificultades que atraviesa este departamento tras la retirada de las ayudas que el propio Ejecutivo autónomo destinaba a combatir la situación de ilegalidad de las empresas canarias, sino la rapidez con la que han surgido negocios clandestinos en los últimos tiempos", explicó.

"Nosotros no fuimos a pedir dinero, pero sí a ofrecerles la experiencia de tantos años de trabajo realizando visitas y asesorando a los empresarios, pero lo que nos propusieron fue colaborar con los recursos de los que ellos disponen actualmente, es decir, canalizando y gestionando las denuncias que nos llegan..., pero económicamente no. Desde mi punto de vista es un error no aprovechar la experiencia que tienen organizaciones como Femete, aunque no haya dinero para sostener este servicio", apostilló.

Fue el propio personal de la Consejería del ramo el que puso en marcha recientemente una campaña que abordó la realización de 6.000 visitas a distintos establecimientos comerciales para realizar las pertinentes inspecciones, a pesar de las cuales es difícil que resuelvan la situación de irregularidad en la que están "porque no pueden asumir los costes". A esto hay que sumar la "indefención en la que se quedan los consumidores a la hora de reclamar un trabajo realizado por una de estas empresas. A Femete están llamando muchísimos asociados con problemas por ese tipo de cuestiones", aseguró el responsable del DAL.

Normalización

Tras una etapa donde la pregunta estrella era "¿con factura o sin factura?, hemos pasado a una situación en la que los establecimientos no pueden responder al no poder emitir facturas porque no están legalizados".

El DAL está viviendo una de sus etapas más complicadas, tal es así que el personal de este departamento ha quedado reducido a la figura de su responsable, Ildefonso Machado, que se dedica, básicamente, a "contestar a demanda", dice lamentándose. "Estamos -continúa-, en niveles del año 2000 o 2001, con los mismos problemas de economía sumergida y los derivados de la relación que se establece entre la empresa y el cliente, pero además, agravado por la crisis global", resumió.

El principal temor de Femete es que "se está acostumbrando al cliente a recurrir a un servicio clandestino y esto puede normalizarse entre la ciudadanía, no solo entre aquellas personas que ya no tiene prestación alguna sino entre ese otro sector que aún percibiendo un sueldo, y pudiendo permitirse el pago de estas facturas, también recurre a aquellos que trabajan ilegalmente", declaró Machado.