La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, a través de los 25 efectivos que forman parte del Servicio de Inspección Pesquera y en colaboración con agentes de la Guardia Civil y otros cuerpos de seguridad, levantó en los últimos doce meses "661 expedientes sancionadores" desglosados del siguiente modo: "Por pesca ilegal profesional (25) y recreativa (435) en aguas interiores; marisqueo en aguas interiores y exteriores (162) -áreas que son competencia del departamento autonómico- y comercialización (39) en las dos provincias canarias", precisó el departamento canario en una nota.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife se levantaron en el último año 288 actas, de las cuales 197 correspondieron a Tenerife, 8 a La Gomera, 29 a La Palma y 54 a El Hierro.

El viceconsejero de Pesca canario, Juan Manuel Soto Évora, especificó a EL DÍA que estos son datos correspondientes a la actuación del Ejecutivo autónomo en las aguas de su competencia o "aguas interiores que, respecto al volumen general de las aguas que engloba el Archipiélago, es reducido. El ejemplo más claro es el de La Gomera, que no tiene aguas interiores, de manera que el Gobierno canario no tiene ningún tipo de competencia y, si no la tiene, no puede aplicar si quiera su régimen sancionador. Si nos vamos a La Palma, solo tenemos dos zonas muy puntuales, como son la de la bahía de Santa Cruz de La Palma y la de Barlovento, pero el resto del litoral de la isla es de competencia estatal".

"Esto no impide que los funcionarios de la Comunidad Autónoma puedan levantar actas y remitírselas a la Administración General del Estado para que ellos apliquen su régimen sancionador, pero les corresponde a ellos y no a nosotros", añadió Soto.

En cuanto a la comisión de infracciones en materia de pesca recreativa y profesional y la posterior comercialización, Gran Canaria y Tenerife son las islas que registraron un mayor número.

En el capítulo de marisqueo, Fuerteventura ocupa el primer lugar, seguida de Tenerife y Gran Canaria.

La época estival y la Semana Santa son los periodos en los que se detecta un número más alto de denuncias debido, en parte, al buen estado del mar. Esto hace que se intensifique el desarrollo de la pesca recreativa, "ámbito en el que la falta de licencia y la pesca submarina en zonas no autorizadas de las islas constituyen las principales infracciones". Por el contrario, enero y febrero son los meses con un menor registro de prácticas ilegales en este ámbito.

Así, el intrusismo profesional y la realización de actividades pesqueras no reglamentarias representan la base de la comisión de delitos pesqueros de carácter administrativo. En los últimos años se ha detectado un aumento de las solicitudes de licencias de pesca "hasta el punto de que se conceden una media de 20.000 anuales que tienen una validez de tres años. Cada ejercicio están en vigor alrededor de 60.000 licencias de pesca en Las Islas", prosigue la nota.

"A veces, cuando decimos el número de infracciones nos parece poco, pero es que no está referido a la totalidad de las aguas porque habría que sumar los expedientes que inicia la Comunidad Autónoma y los que se realiza a través de la Delegación del Gobierno en las Islas", explicó Soto.