El Estado y la Administración local han tomado diversas medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, novedades que han sido analizadas por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

Con respecto a la Administración General del Estado, se analiza la segunda fase de eliminación de las empresas públicas y fundaciones, ya en marcha.

Pese a que la primera fase apenas dio resultados, ahora se pretende acelerar el proceso de reestructuración del sector público empresarial. Según explicó la patronal tinerfeña, "esta medida no está detallada, pero esperemos que marque la línea de actuación de todas las Administraciones".

Reducción del 17%

En los Presupuestos Generales del Estado para 2012 ya se había producido un recorte destacado en todos los Ministerios del 17%, afectando a los gastos de formación pública de capital físico, humano y tecnológico.

Asimismo, 600 millones de euros adicionales serán reducidos en el presente año. "Esta medida incide en la misma dirección y puede afectar a la actividad de muchos sectores productivos y, por tanto, en el crecimiento a largo plazo de la economía", comentó la Confederación.

Por otro lado, la Administración local delimitará las competencias de los ayuntamientos, reforzará el papel de las diputaciones provinciales como gestoras de servicios, reducirá un 30% el número de concejales, homogeneizará las retribuciones de los concejales y alcaldes en función de las características del municipio, establecerá un interventor en cada ayuntamiento que pertenezca a un cuerpo administrativo nacional y eliminará empresas públicas locales.

Se estima que las diferentes medidas tengan un impacto presupuestario de 3.500 millones de euros, si bien no será a corto plazo dado que todavía no se ha presentado el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que introduciría estos cambios.

Las medidas de reducción del número de concejales se producirían a partir de las próximas elecciones locales, es decir, en 2015.

CEOE-Tenerife valora positivamente esta reforma de la Administración local, al suponer una modernización de la misma.

El hecho de eliminar la duplicidad de competencias entre niveles de las Administraciones públicas implica una mejora de la eficiencia del gasto público al igual que aglutinar algunos servicios en las diputaciones provinciales.

Por otro lado, la homogeneización de las retribuciones de los concejales y disminuir su número implica un ahorro de costes al igual que la eliminación de empresas públicas locales.