Los armadores europeos se desplazarán la semana próxima a Bruselas para pedir a las instituciones de la Unión Europea (UE) que no ratifiquen el acuerdo pesquero con Mauritania en las actuales condiciones e intentar que se "renegocie" ese convenio, según fuentes del sector.

Los representantes de los armadores, agrupados en la organización europea Europesca, y de otros sectores afectados -como el puerto de Las Palmas o empresarios canarios- tienen previstas reuniones para alertar sobre los perjuicios del nuevo acuerdo, alcanzado el pasado mes de julio entre la Comisión Europea (CE) y Mauritania.

El nuevo convenio endureció las condiciones para la flota europea a la hora de acceder a las aguas mauritanas, lo que ha supuesto la retirada del caladero tanto de los barcos de España (país que tenía más licencias) como de otras nacionalidades (holandeses, polacos o lituanos).

"Queremos convencerles (a las instituciones de la UE) del fracaso de la negociación y pedir que se renegocie el acuerdo", según ha declarado el presidente de Europesca, el español Javier Garat.

Los pescadores se entrevistarán con eurodiputados y han solicitado una reunión con la comisaria europea de Pesca, María Damanaki.

Está previsto que en esos actos intervengan representantes del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

El acuerdo suscrito entre europeos y mauritanos en Nuakchot excluye de ese caladero a la flota cefalopodera (pulpo), lo que perjudicó a buques de Canarias y Galicia, y en el caso de los marisqueros (andaluces) establece condiciones que hacen que para esa modalidad de flota no sea rentable permanecer allí.

Aparte de los navíos españoles, los arrastreros pelágicos de Holanda anunciaron que no aprovecharían el nuevo convenio, porque no les resultaba rentable.

El nuevo protocolo ofrece 70 licencias pesqueras para los barcos europeos, frente a las 110 del convenio anterior (España empleaba 60).

El acuerdo ha entrado en vigor provisionalmente, pero aún debe ser ratificado por las instituciones de la UE: el Consejo de Ministros (representantes de los Gobiernos) y el Parlamento Europeo.

El Gobierno español ya anunció que si se mantiene en los términos actuales se opondrá a la aprobación definitiva del convenio.