La Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias ha elevado a la Unión Europea, al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, y al Ministerio de Industria, Energía y Turismo una carta en la que, junto al sector tabaquero, muestra su preocupación por el impacto negativo que tendrá en la industria de las Islas y el empleo la revisión de la Directiva del Tabaco.

En un comunicado, el Ejecutivo autónomo explicó ayer que la Directiva 2001/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2001, se refiere a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco.

Discrepancias

Esta carta es fruto del acuerdo adoptado el pasado 19 de julio en el seno de la Mesa del Tabaco de Canarias y en el que estaban presentes el director general de Industria, Juan Antonio León, y los representantes de las Confederaciones Canarias de Empresarios de ambas provincias, la Asociación Industrial de Canarias (Asinca), la Asociación Canaria de Industriales Tabaqueros, las industrias tabaqueras presentes en Canarias y los sindicatos más representativos, CCOO-Canarias y UGT-Canarias.

De esta manera, a juicio del subsector, las medidas propuestas por la Dirección General de Salud y Consumidores "no garantizan" una disminución del consumo y especialmente entre la población joven, pues "la única diferenciación sería el precio del producto y ello conllevaría el abaratamiento del cigarrillo, debido a que el formato de cajetilla universal y tabaco uniforme sin aditivos diferenciadores, conllevaría la presencia de marcas generalistas con tabaco de peor calidad y de procedencia incontrolada".

En esta línea, la Mesa del Tabaco consideró que "existen otras medidas alternativas para concienciar a la población consumidora sobre los riesgos para la salud que puede provocar el tabaco, sin por ello poner en riesgo al sector industrial".

Por su parte, en Canarias, éste representa el 14% del PIB industrial sin contar la energía, supone una producción valorada en 250 millones, compra a otros sectores de 162,5 millones y emplea a más de 3.700 personas. Por todo ello, la Consejería de Empleo solicitó el apoyo a la UE y al Gobierno estatal para evitar "el desmantelamiento de esta actividad productiva de la industria tabaquera y la desaparición de los correspondientes puestos de trabajo".