Renfe recibirá 480 millones del Estado en 2013 con el fin de sufragar los servicios de transporte considerados como ''obligación de servicio público'' y que la compañía debe garantizar.

Desde el ejercicio 2011 la operadora ferroviaria pública no puede contar con subvenciones públicas para aquellos servicios y conexiones de transporte que no tengan este carácter de interés general.

El Ministerio de Fomento prevé aprobar antes de que concluya este año el listado de servicios ferroviarios que pasarán a englobar el listado de obligaciones de servicio público (OSP).

En 2013, Renfe debe además afrontar la apertura a la competencia del transporte de viajeros en tren, prevista para el mes de julio. Para prepararse a este nuevo avance de la liberalización del sector, la compañía se segregará en cuatro sociedades en función de sus actuales áreas de negocio (Viajeros, mercancías, talleres y alquiler de trenes). Además, deberá asumir los trenes y la explotación de los tráficos de Feve.

La aportación estatal a Renfe copará así el 40,7% del total de 1.178,23 millones de euros que el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2013 destina a subvenciones al transporte, monto un 6% inferior al de 2012.

MENOS SUBVENCIONES AL TRANSPORTE AÉREO.

La segunda partida es la correspondiente a las subvenciones para el transporte aéreo, que en 2013 se sitúan en 274,27 millones de euros, importe que arroja un descenso del 4% respecto a 2012. Las subvenciones al transporte marítimo suben por contra un 17%, hasta 58,31 millones.

Estas cuantías se destinan a bonificar el precio del transporte aéreo y marítimo de los residentes extrapeninsulares (Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla) y de las familias numerosas.

En general, el Gobierno justifica sus subvenciones a determinados transportes ante la necesidad de garantizar servicios pese a que presenten un carácter deficitario, y de garantizar la integración de las islas con la Península.

Este capítulo se completa con una subvención de 247,34 millones para el transporte colectivo urbano y de otros 100 millones que se emplean en cumplir con el compromiso adquirido con un grupo de sociedades concesionarias de autopistas cuando hace unos años bajaron el precio de los peajes.