El sindicato de funcionarios CSI-F no secundará la huelga general del próximo 14 de noviembre (promovida por UGT y CCOO) por responsabilidad, ya que considera que en un momento en que se está reflexionando sobre la posibilidad de pedir ayuda a Europa el paro puede influir en la negociación de las condiciones.
Además, según explicó ayer en rueda de prensa el presidente del sindicato, Miguel Borra, también se tomó porque las presiones de los empleados públicos de toda España han hecho "mover ficha" a la Administración y porque consideran que se trata de una huelga política.
Borra señaló que la decisión se tomó por "inmensa mayoría" de los responsables del sindicato, aunque no fue unánime.
Según el presidente del CSI-F, el pasado jueves la Administración se comprometió por escrito, también con CCOO, UGT, CIGA y USO, a abrir las mesas de negociación de las condiciones laborales que llevaba meses bloqueada y que ha llevado a una política marcada por la "inacción, la imposición, los recortes y de hechos consumados".
Respecto al componente político de la huelga, Borra subrayó que se está vinculando a la demanda de un referéndum y que el CSI-F no estaba "para poner o quitar gobiernos" ni para reivindicar acciones que no sean estrictamente laborales.
Borra anunció que el día 7 de noviembre habrá una reunión de la Cumbre Social, en la que, dijo, que otras organizaciones que también se han posicionado en contra de la huelga.
Y matizó que esta plataforma se constituyó para luchar contra los recortes del Gobierno, pero que la huelga sólo la secundan algunas de las organizaciones que la forman, de las que espera "respeto" hacia la decisión del CSI-F.
Este sindicato, concluyó, considera que una huelga general es el "último recurso".