Según los últimos datos publicados por el INE, el gasto interno en Investigación y Desarrollo (I+D) descendió en 2012, por segundo año consecutivo, hasta alcanzar 13.392 millones de euros, lo que supone un descenso del 5,6% respecto al año anterior. Este gasto representó el 1,3% del PIB, asegura la CEOE.

Por sectores de ejecución, el empresarial representó el mayor porcentaje sobre el gasto total en I+D, con un 53%. Las empresas españolas mantuvieron su tasa de actividad en I+D en 2012 y esto es un dato positivo.

En cuanto al gasto en I+D de la Administración Pública, supuso el 19,1% del gasto total. El 0,2% restante correspondió al sector de instituciones privadas sin fines de lucro.

Como constata el INE, la mayoría de los fondos para financiar la generación de conocimiento proceden de las empresas, este no es un proceso fácil. Debido a ello la Comisión de I+D+i de CEOE ha presentado recientemente un informe donde se exponen las principales barreras que encuentran las empresas para acceder a las ayudas públicas que les ayuden a desarrollar proyectos industriales y actividades del I+D+i.

El informe es una llamada de atención a los responsables de los ministerios implicados, a fin de que estos obstáculos se puedan eliminar en convocatorias futuras, facilitando a las empresas el acceso a la financiación.

Entre las barreras identificadas destacan los requerimientos de avales y constitución de garantías, los plazos de amortización y carencia de los préstamos a través de los que se articulan las ayudas, la falta de planificación en la publicación de las convocatorias y la continuidad de las mismas en el tiempo, o los límites en las cuantías financiables de cada proyecto y la compatibilidad entre distintos programas.

Otros obstáculos tienen que ver con los gastos que se puedan imputar a los proyectos (formación, contratación de personal, etc.) la falta de uniformidad en los trámites administrativos (presentación, evaluación y justificación de los proyectos), la complejidad de mecanismos de gestión, la complejidad que para algunos tipos de empresas, como las pymes, supone elaborar las memorias técnicas que acompañan a los proyectos o la falta de coordinación, por ejemplo, entre los estados miembros de la UE para gestionar los programas europeos.