El Consejo de Ministros dio el visto bueno a la "tarifa plana" de 100 euros en las cotizaciones de la Seguridad Social para la contratación indefinida de nuevos trabajadores que como novedad se ha ampliado al contrato a tiempo parcial, por lo que baja a 50 euros cuando se trate de media jornada. Por otra parte, el Gobierno potenciará los mecanismos de quitas y aplazamientos de pagos, incluyendo la conversión de deuda en capital, con el fin de actuar en las fases preconcursales y evitar la quiebra de la empresas.
Con la aprobación de la "tarifa plana", incluida en el decreto ley de medidas de fomento del empleo y la contratación indefinida, el Gobierno tardó sólo tres días, desde el anuncio por el presidente Mariano Rajoy en el debate sobre el estado de la nación, en poner en marcha unas bonificaciones que pretenden incentivar la contratación indefinida y crear empleo neto, "el auténtico espíritu del decreto", según el Ministerio de Empleo.
La ministra Fátima Báñez, que compareció en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, explicó que la cotización será de 100 euros en el caso de la jornada completa, de 75 cuando se trabaja el menos el 75% de la jornada y de 50 euros para la media jornada.
La medida que entrará en vigor con efectos retroactivos del 25 de febrero se aplicará durante 24 meses para los contratos que se formalicen hasta el 31 de diciembre de este año, si bien cabe la posibilidad de que esta limitación temporal pueda prorrogarse.
Además, las microempresas (con menos de diez trabajadores) podrán beneficiarse de doce meses adicionales con una reducción del 50% de la cotización por contingencias comunes.
La reducción supondrá un ahorro medio para el empleador del 75 % de la cotización por contingencias comunes.
La medida aplicada en un sueldo bruto anual de 20.000 euros (el salario mediano según el INE) implica que el empleador se ahorrará 3.520 euros anuales de cotización a la Seguridad Social por cada empleo nuevo creado.
La nueva regulación será incompatible con otras bonificaciones y no afectará a los derechos sociales.
Además, deja fuera a quienes contraten familiares salvo los autónomos que podrán contratar a familiares menores de 30 años y a las contrataciones en sistemas especiales como el hogar y el agrario.
En el mismo ámbito del Consejo de Gobierno, además, se dio el visto bueno a una serie de medidas para mejorar el acceso de las empresas a la financiación, que incluyen sendos anteproyectos de ley para el Fomento de la Financiación y sobre fondos de inversión alternativa y entidades de capital riesgo, que podrán invertir en pymes hasta un 70%.
La norma sobre Fomento de la Financiación tiene por objeto hacer más flexible y accesible la financiación a las pymes y fortalecer otras formas de financiación no bancaria, explicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.